Las transfusiones con sangre contaminada infectaron a más de 30.000 personas con el VIH y la hepatitis C entre 1970 y 1991. Unos 2.900 adultos y niños murieron.
El Reino Unido acaba de confirmar una verdad incómoda: durante décadas, las autoridades británicas y el servicio de salud del país expusieron a sabiendas a decenas de miles de pacientes a infecciones mortales por medio de sangre contaminada o productos derivados contaminados, y encubrieron el hecho.
Las transfusiones con sangre contaminada infectaron a más de 30.000 personas con el VIH y la hepatitis C entre 1970 y 1991, y unos 3.000 adultos y niños murieron como consecuencia de uno de los mayores desastres sanitarios en la historia del país.
El lapidario informe que determinó que el escándalo de la sangre contaminada “no fue un accidente”
Una investigación independiente llevada a cabo durante cinco años en el Reino Unido por el exjuez Brian Langstaff determinó que las infecciones y muertes de pacientes “no fueron un accidente” sino que podrían “haberse evitado mayoritariamente”.
En su informe de de 2527 páginas, Langstaff criticó duramente a gobiernos sucesivos y a profesionales de la medicina por “un catálogo de fracasos” y por negarse a aceptar responsabilidad con el fin de proteger sus reputaciones o ahorrar dinero. Halló que hubo intentos deliberados para ocultar el escándalo y evidencias de que funcionarios del gobierno destruyeron documentos.
“Este desastre no fue un accidente. Las infecciones ocurrieron porque los que estaban en posiciones de autoridad —doctores, servicios de trasfusiones de sangre y gobiernos sucesivos— no le dieron prioridad a la salud del paciente”, declaró. “La respuesta de los que estaban en posiciones de autoridad agravó más el sufrimiento de los afectados”.
El gobierno británico prometió indemnizaciones a las víctimas
El primer ministro, Rishi Sunak, se disculpó con las víctimas y dijo que la publicación del reporte era “un día de vergüenza para el estado británico”. “Lo lamento de verdad”, dijo Sunak en una Cámara de los Comunes abarrotada y en silencio. “El reporte de hoy muestra un fallo moral de décadas en el corazón de nuestra vida nacional. Desde el Servicio Nacional de Salud al servicio civil, a ministros en gobiernos sucesivos, a todos los niveles de personas e instituciones en los que hemos depositado nuestra confianza fallaron de la forma más espantosa y devastadora”.
El secretario de Estado del Ministerio del Gabinete, John Glen, señaló que el Gobierno indemnizará con pagos adelantados de 210.000 libras (270.000 dólares) a las víctimas que aún viven, antes de establecerse cuáles serás las indemnizaciones finales.
El escándalo es considerado el desastre más mortífero en la historia del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) desde que fue creado en 1948.
Desde hace décadas, grupos de víctimas y sus familiares exigían una rendición de cuentas y compensaciones por parte del gobierno. La investigación finalmente fue aprobada en 2017, y en los últimos cuatro años se examinaron evidencias de más de 5.000 testigos y más de 100.000 documentos.
Muchos de los afectados tenían hemofilia, una condición que afecta la capacidad de la sangre de coagularse. En la década de 1970, los pacientes recibieron un nuevo tratamiento que el Reino Unido había importado de Estados Unidos. Parte del plasma usado para crear los productos fue rastreado a donantes de alto riesgo, incluyendo presos y personas en situación de calle que recibían dinero a cambio de muestras de sangre.
Como los fabricantes del tratamiento mezclaban plasma de miles de donaciones, un donante infectado podía exponer a todo el lote.
El reporte señaló que unas 1.250 personas con trastornos sanguíneos, incluidos 380 niños, se infectaron con productos sanguíneos contaminados con VIH. Las tres cuarta partes murieron. Hasta 5.000 más que recibieron los productos sanguíneos desarrollaron hepatitis C crónica, una clase de infección del hígado.
Por su parte, se estima que 26.800 personas se infectaron de hepatitis C tras recibir transfusiones de sangre, a menudo recibidas en hospitales después de partos, cirugías o accidentes, señaló el informe.
El reporte señaló que muchas de las muertes y enfermedades podrían haberse evitado si el gobierno hubiera tomado medidas para corregir los riesgos asociados a las transfusiones de sangre o el empleo de productos sanguíneos. Desde la década de 1940 y los inicios de la década de 1980, se sabía que la hepatitis y el HIV podían transmitirse de esta forma, señaló el informe.
Además, según indicó el diario The Guardian, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre los peligros de importar sangre de países con una alta tasa de hepatitis, como Estados Unidos, en 1974 y 1975.
Durante años, las autoridades “agravaron la agonía de las víctimas al negarse a aceptar que se había hecho mal”, y “sostuvieron que las personas recibían el mejor tratamiento disponible”, denunció Langstaff.
“La respuesta a la pregunta ‘¿hubo un encubrimiento?’, es que sí, lo hubo. No en el sentido de un puñado de personas tramando una conspiración orquestada para engañar, sino de una manera más sutil, más penetrante y más escalofriante en sus implicaciones. Para salvar las apariencias y ahorrar gastos, se ha ocultado gran parte de la verdad”, dijo el exjuez.
Entre miles de historias trágicas, el exjuez calificó de “desmedida” la utilización de niños como “objetos de investigación” en la escuela de Treolar en Hampshire, donde sólo quedan 30 alumnos de los 122 que asistieron a la escuela especializada para personas con hemofilia entre 1970 y 1987.
El informe ofrece una reivindicación a los activistas que, después de décadas y ante desmentidos, insistieron en que se ignoraron los riesgos, se dijeron mentiras y se cubrieron las huellas del crimen.
Andy Evans, un activista del grupo Tainted Blood que contrajo VIH y hepatitis C tras recibir una transfusión de niños, calificó el día de “trascendental”. Nos desautorizaron durante generaciones. “Hoy este informe pone fin a eso. También mira al futuro, y dice que esto no puede continuar”, añadió.
“Cuando se lo dijimos a la gente, no nos creyeron. Dijeron que esto no sucedería en el Reino Unido. Hoy esto demuestra que esto puede suceder (y sucedió) en el Reino Unido”, agregó.
Diana Johnson, una legisladora que defendió a las víctimas durante años, dijo que esperaba que los responsables del desastre rindieran cuentas ante la justicia. “Tienen que dirimirse responsabilidades por las acciones tomadas, aunque fuera hace 30, 40, 50 años”, dijo.