El dilema de Milei sobre Adorni: mantener o no a un funcionario evasor

Por Walter Schmidt
Para Clarín

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Es probable que el nuevo concepto de “moral como política de Estado” esgrimido por el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias haya pasado desapercibido o no fuera comprendida su real filosofía. Pero es factible que pueda ser utilizado como argumento por la cúpula libertaria para seguir sosteniendo a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, al menos en el organigrama, ya que por su situación judicial cumple a medias esa función clave.

En el manual libertario, la ética del poder público tal vez sea una hipocresía de izquierda o de quienes profesan loas a la transparencia y después viven del Estado. Su concepto, más bien, está anclado en una moral de la propiedad y el mercado, donde el individuo es libre de desarrollarse económicamente, a cualquier precio. Que lo haga a través de monopolios, prácticas de competencia desleal o negocios turbios, no es un inconveniente. Tampoco parecen serlo los evasores.

De allí la promoción de la ley de inocencia fiscal que ha beneficiado a más de 5 mil expedientes o causas penales por no pagar los impuestos.

Manuel Adorni es, cuanto menos, un evasor, porque reconoció haber tenido cientos de miles de dólares en negro y no haberlos declarado al asumir en el Gobierno de Milei como secretario de Comunicación y Medios en diciembre de 2023; y tampoco después. Lo admite ahora, cuando la justicia tiene en su contra causas por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito y ha involucrado seriamente a su esposa, Bettina Angeletti.

Son muchos los que dan cuenta de la vida austera que llevaban Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en sus anteriores  trabajos en la actividad privada, antes de asumir en el Gobierno.

“La de Milei es una moral privada, económica e individual. Una moral que piensa la libertad frente al Estado, pero no el modo en que debe ejercerse el poder. Una moral que desconfía de la intervención pública, pero que no desarrolla una ética republicana capaz de limitar la  corrupción o los conflictos de intereses, ni controlar y transparentar a quienes gobiernan”, aseguraba en una columna de opinión, semanas atrás, el dirigente de la Coalición Cívica Hernán Reyes.

Nunca fue motivo de conflicto para el Presidente o para “el Jefe”, Karina  Milei, que Adorni le haya mentido al electorado porteño; que haya  jurado, en medio de denostaciones a los periodistas que decían lo contrario, que iba a asumir como legislador de la Ciudad para lo que fue elegido en los comicios de 2025. Nunca asumió y terminó aceptando la jefatura de Gabinete.

Durante 100 días, el Adornigate horadó la figura presidencial. El Gobierno se quedó sin voz y sin Jefe de Gabinete. Pero lejos de pedirle la renuncia, Milei movilizó a todo el gabinete y a los legisladores de La Libertad Avanza que, a regañadientes, asistió al Congreso para aplaudir las intervenciones de Adorni en su primer informe de gestión.

Luego el affaire tendría ribetes grotescos con dos jubiladas que supuestamente le prestaron a Adorni casi la totalidad del valor del departamento que ellas mismas le vendieron, a un año y sin intereses; otras dos expolicías que le facilitaron una hipoteca de cien mil dólares; una escribana poco seria que admitió que antes de llegar al Gobierno no había hecho ninguna operación con ella pero en dos años hizo  varias porque, explicó, "le llegó todo de golpe"; o el contratistas que detalló como le pagó en efectivo 245 mil dólares para reciclar una casa en un country y después lo contactó para "acomodar" su declaración ante  la Justicia.

Si bien el caso $LIBRA y ANDIS con los audios supuestamente de Diego Spagnuolo son precedentes, es presumible que las sospechas de corrupción sobre la administración de Milei hayan impactado recién a partir del Adornigate. Incluso, falta mucho aún, pero hacia fin de año se constatará si Adorni  también afectó las posibilidad de que alguien del riñón de los Milei -que no es Patricia Bullrich- aspire a la jefatura del Gobierno porteño.

Ahora será el turno del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. El magistrado es atravesado por dos experiencias que salpican su accionar; fue postulado por este Gobierno para integrar la Corte Suprema y comparte una estadía en París, nada menos que con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, devenido en operador y en una suerte de "abogado" de los Milei. 

Aunque, probablemente, un sector importante de la sociedad haya dictado su sentencia, mucho antes del pronunciamiento judicial.