La Justicia puso bajo la lupa a Adorni por transferencias en criptomonedas durante su gestión

La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que la investigación sobre su patrimonio detectara movimientos realizados a través de plataformas de criptomonedas durante 2024, período en el que ya se desempeñaba como funcionario nacional.

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Según trascendió, los investigadores identificaron transferencias efectuadas mediante las plataformas Lemon y Binance, las cuales habrían ingresado a cuentas vinculadas al actual jefe de Gabinete. Los movimientos quedaron bajo análisis luego del levantamiento del secreto fiscal y bancario dispuesto en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La pesquisa se intensificó esta semana después de que Adorni reconociera públicamente que había omitido declarar parte de su patrimonio y presentara declaraciones juradas rectificadas. El funcionario aseguró que una parte importante de sus bienes proviene de inversiones realizadas en Bitcoin hace más de una década, aunque esa explicación no despejó las dudas de los investigadores.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, algunas de las transferencias detectadas habrían superado los 100 mil dólares. Uno de los puntos que busca reconstruir la Justicia es el recorrido de esos fondos y su eventual conversión a dinero en efectivo, ya que distintas operaciones patrimoniales atribuidas al funcionario habrían sido realizadas mediante pagos de esa modalidad.

La causa es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y está a cargo del juez Ariel Lijo, quienes también analizan posibles inconsistencias entre la información remitida por las plataformas de criptoactivos y los montos incluidos por el funcionario en sus declaraciones juradas corregidas.

Otro de los aspectos bajo estudio es la importante remodelación realizada en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. Testimonios incorporados a la investigación sostienen que gran parte de la obra habría sido abonada en efectivo, mientras que los montos declarados oficialmente no coincidirían con las cifras aportadas por quienes participaron de los trabajos.

Toda la documentación recolectada se encuentra actualmente bajo análisis de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia un requerimiento formal de justificación patrimonial.