Una jueza de Estados Unidos anuló la suspensión de visas para inmigrantes de 75 países que había impuesto Trump

Una jueza federal de Estados Unidos dejó sin efecto la suspensión de los trámites de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países que había dispuesto la administración de Donald Trump a comienzos de este año.

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La decisión fue tomada por Jeannette Vargas, magistrada del tribunal federal de Nueva York, quien consideró que la política implementada por el gobierno estadounidense era “contraria a la ley” y que el secretario de Estado, Marco Rubio, había excedido la autoridad legal de su cargo.

La medida había comenzado a regir el 21 de enero y establecía una suspensión en la tramitación de visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a personas que buscan ingresar a Estados Unidos para establecerse de manera permanente.

Entre los países alcanzados se encontraban Brasil, Uruguay y Colombia, además de otras naciones incluidas en la lista elaborada por el Departamento de Estado.

La administración estadounidense había justificado la suspensión con el argumento de que determinados inmigrantes provenientes de esos países podían representar un riesgo elevado de depender de la asistencia social o convertirse en una carga para las finanzas públicas.

Sin embargo, la jueza cuestionó la forma en que se aplicó la política y concluyó que los funcionarios consulares habían recibido instrucciones que no se ajustaban a las facultades previstas por la legislación.

Según el fallo, la medida permitía denegar una visa únicamente por el país de origen del solicitante, incluso cuando la persona hubiera cumplido con los demás requisitos establecidos para obtener el permiso migratorio.

La magistrada consideró que ese criterio no podía utilizarse como fundamento exclusivo para rechazar las solicitudes.

A partir de la decisión judicial, quedan sin efecto las denegaciones de visas que hayan sido realizadas únicamente en aplicación de esta política.

Esto implica que los ciudadanos de los países incluidos en la suspensión recuperan la posibilidad de que sus trámites sean procesados sin que el origen nacional constituya, por sí solo, un motivo para rechazar la solicitud.

La decisión representa un nuevo revés judicial para una política migratoria impulsada por la administración Trump y abre un escenario de disputa entre el gobierno federal y la Justicia.

De todos modos, el gobierno de Trump todavía puede apelar el fallo, por lo que la situación podría volver a ser revisada por tribunales superiores.