Javier Casanova pierde arresto domiciliario y regresa a prisión en Tucumán

La situación judicial de Javier "Chuky" Casanova ha dado un giro significativo en los últimos días. Este individuo, considerado por las autoridades como uno de los principales referentes del narcotráfico en Tucumán, ha pasado de estar próximo a cumplir una prisión preventiva en arresto domiciliario a encontrarse a la espera de un cupo para ser trasladado a una cárcel federal. Esta drástica modificación en su situación se debe a un nuevo procesamiento dictado por un juez de Jujuy, relacionado con el transporte de 50 kilos de cocaína.

La nueva imputación ha llevado a la Justicia Federal de Tucumán a revocar el beneficio de arresto domiciliario que le había sido concedido. La decisión del magistrado federal jujeño, que incluyó una prisión preventiva de 30 días, se enmarca en una causa vinculada al secuestro del mencionado cargamento de cocaína que, según la investigación, estaba destinado a Casanova. El juez tucumano, José Manuel Díaz Vélez, consideró que esta nueva imputación aumentaba el riesgo procesal y, por ende, dejó sin efecto el arresto domiciliario previamente autorizado.

El expediente judicial refleja un complejo recorrido que se ha desarrollado desde el año pasado, cuando el fiscal de Narcomenudeo, José Sanjuán, impulsó su procesamiento por comercialización de estupefacientes. Al detectar indicios de que Casanova podría estar involucrado en operaciones de narcotráfico de mayor escala, Sanjuán declinó la competencia, permitiendo que el caso continuara en el fuero federal. En esta nueva etapa, el fiscal Rafael Vehils Ruiz promovió el procesamiento de Casanova por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

El juez Díaz Vélez resolvió procesar a Casanova por infracción a la Ley de Estupefacientes, aunque dictó la falta de mérito en relación al delito de lavado. Esta resolución ha sido apelada por la defensa y actualmente está pendiente de revisión por parte de la Cámara Federal. A finales de julio, Casanova llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, donde reconoció la propiedad de la droga y aceptó una condena de tres años de prisión, así como la donación de dos millones de pesos a un hospital público y el decomiso de bienes valuados en más de 150.000 dólares.

A pesar de este acuerdo, que aún no ha sido homologado, la situación de Casanova se ha complicado. Sus abogados han solicitado la sustitución de la prisión preventiva por libertad, argumentando que la etapa investigativa había concluido. Aunque el fiscal se opuso, consideró viable que continuara bajo arresto domiciliario, con la condición de que se instalara la correspondiente tobillera electrónica. Sin embargo, durante este período surgieron nuevos episodios que generaron sospechas entre los investigadores.

Un hecho inusual ocurrió cuando personal del Servicio Penitenciario solicitó autorización para trasladar a Casanova al Hospital Avellaneda para un tratamiento prostático. Este pedido fue presentado ante la Justicia provincial, en lugar de la Justicia Federal, lo que generó dudas sobre la intención de fuga de Casanova. Este episodio llevó al juez Díaz Vélez a revocar el arresto domiciliario, considerando que las nuevas imputaciones modificaban de forma sustancial su situación procesal.

Recientemente, un juez federal jujeño ordenó su prisión preventiva por 30 días, lo cual fue determinante para que se revocara el arresto domiciliario. La situación de Casanova se ha agravado, ya que el juez jujeño ha dispuesto que sea alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. A pesar de que no se han ofrecido fundamentos específicos para esta decisión, se ha mencionado que las sospechas surgidas tras el intento de traslado irregular al hospital alimentan la hipótesis de que pudo haber recibido beneficios indebidos dentro del sistema penitenciario. Ante la falta de disponibilidad en las cárceles federales del NOA, las autoridades están considerando un posible traslado a un establecimiento penitenciario en la provincia de Buenos Aires.