Dos gigantes petroleros se bajan de proyectos en Malvinas tras el decreto de Milei

Las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei por la cuestión Malvinas ya generaron las primeras reacciones entre grandes empresas internacionales vinculadas con la industria petrolera.

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Este sábado, SLB —la compañía anteriormente conocida como Schlumberger— anunció que no participará ni tiene previsto participar en procesos de licitación destinados a prestar servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.

La decisión fue comunicada luego de la entrada en vigencia del Decreto 868/2026, publicado el viernes en el Boletín Oficial, que endureció los mecanismos de aplicación de la Ley 26.659 y estableció nuevas condiciones para las empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la zona en disputa.

“SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló la empresa.

En el mismo comunicado, la compañía sostuvo que reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes.

Horas después de la comunicación de SLB, Baker Hughes Argentina difundió un comunicado prácticamente en los mismos términos y anunció que tampoco pretende participar en procesos de licitación relacionados con proyectos hidrocarburíferos en Malvinas.

La empresa es uno de los principales proveedores mundiales de equipamiento y tecnología para la industria petrolera y tiene una importante presencia en la Argentina.

Las decisiones de ambas compañías adquieren especial relevancia porque ninguna de las dos estaba vinculada previamente con el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration frente a las Islas Malvinas.

Sin embargo, el nuevo marco regulatorio podría condicionar la participación de empresas internacionales que desarrollan actividades simultáneamente en la Argentina y en proyectos relacionados con el archipiélago.

El Decreto 868/2026 designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y agilizó el procedimiento administrativo para investigar y eventualmente sancionar a personas o empresas que incurran en las conductas prohibidas por esa normativa.

La legislación establece restricciones para compañías que realizan actividades en la Argentina y que, directa o indirectamente, participan en proyectos hidrocarburíferos en la plataforma continental argentina sin autorización.

Además, el decreto establece que las empresas que busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que no incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

También se incorporaron nuevos requisitos para quienes pretendan obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas.

La normativa contempla además que las personas o empresas que incumplan las prohibiciones de la Ley 26.659 puedan ser inhabilitadas por períodos de entre cinco y 20 años.

El anuncio de SLB y Baker Hughes se produce en medio de la creciente tensión alrededor del proyecto Sea Lion, que busca avanzar con la explotación petrolera offshore en aguas próximas a las Islas Malvinas.

El proyecto está encabezado por Navitas Petroleum, de capitales israelíes, y Rockhopper Exploration, de origen británico. Ambas compañías aseguraron que las nuevas sanciones anunciadas por la Argentina no modificarán su cronograma y que continuarán adelante con sus planes.

El desafío para Sea Lion aparece ahora en la posibilidad de contar con proveedores internacionales de primer nivel para las distintas etapas del desarrollo offshore.

Según especialistas citados en el informe, las nuevas restricciones podrían dificultar la contratación de empresas que también tienen negocios importantes en la Argentina.

Esto adquiere particular importancia por el peso que tiene Vaca Muerta para las compañías internacionales de servicios petroleros.

SLB mantiene una importante actividad en la Argentina y participa de distintos proyectos vinculados con el desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta.

En marzo de este año, la compañía y YPF anunciaron un acuerdo para incorporarla al Instituto Vaca Muerta, con el objetivo de avanzar en capacitación, tecnología y desarrollo de talento para operaciones no convencionales.

La empresa también mantiene acuerdos y trabajos vinculados con otros operadores de la formación neuquina.

Por eso, la decisión anunciada este sábado implica que SLB priorizará el cumplimiento de la normativa argentina y se mantendrá al margen de nuevos procesos de licitación vinculados con proyectos petroleros en Malvinas.

La reacción de las compañías se conoce después de que el Gobierno argentino anunciara el inicio de procesos sancionatorios contra 45 personas y empresas por actividades hidrocarburíferas relacionadas con las Islas Malvinas.

La investigación busca determinar eventuales incumplimientos de la Ley 26.659 y alcanza no solamente a quienes desarrollen directamente actividades petroleras, sino también a accionistas y prestadores de servicios que pudieran estar involucrados.

El nuevo esquema busca, de acuerdo con el Gobierno, reforzar los mecanismos para impedir que empresas que desarrollen actividades en la Argentina participen al mismo tiempo en operaciones hidrocarburíferas que la administración de Milei considera ilegales en las aguas próximas a las islas.

En este escenario, el anuncio de SLB y Baker Hughes representa una de las primeras respuestas concretas del sector privado al endurecimiento de la estrategia argentina sobre Malvinas y abre un nuevo interrogante sobre la capacidad de Sea Lion para conseguir proveedores internacionales mientras avanza el proyecto.