La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años

La Justicia de la provincia de Buenos Aires suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años. La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

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La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad. A partir de ese planteo, ordenó frenar de manera preventiva la implementación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.

Uno de los principales argumentos del fallo está relacionado con la capacidad del sistema provincial para absorber el impacto de la nueva normativa. La jueza cuestionó si la Provincia cuenta actualmente con las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para alojar a una mayor cantidad de adolescentes bajo los estándares exigidos para la protección de sus derechos.

Según la resolución, la baja de la edad de imputabilidad podría provocar un aumento considerable en la cantidad de menores detenidos, tanto por el ingreso de jóvenes de entre 14 y 15 años como por una posible mayor permanencia dentro del sistema de encierro.

La magistrada también puso el foco en las condiciones de los centros de detención. Recordó que su propio juzgado había establecido anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no cumplía con los requisitos mínimos de habitabilidad.

Aunque el fallo reconoce mejoras recientes vinculadas con la provisión de agua potable, la alimentación y las condiciones edilicias, sostiene que todavía persisten falencias en áreas como el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo. También plantea la necesidad de reducir los períodos de aislamiento de los adolescentes alojados en estos establecimientos.

En ese contexto, Pascual advirtió que el eventual hacinamiento podría tener consecuencias no sólo sobre las condiciones de detención, sino también sobre la seguridad pública. La resolución sostiene que las condiciones en las que permanecen privados de su libertad pueden influir en los niveles de violencia con los que los jóvenes regresen a la sociedad.

Como parte de la medida, la jueza ordenó al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que adopten las acciones necesarias para garantizar la suspensión durante los 60 días establecidos.

Además, convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, en la que deberán presentarse funcionarios provinciales vinculados con la implementación del régimen. Allí deberán informar qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y en qué plazos se buscará adecuar el sistema bonaerense a las exigencias de la nueva legislación.

La Ley 27.801 comenzó a regir a nivel nacional el 5 de septiembre y reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980. Además de bajar la edad de imputabilidad a 14 años, establece un máximo de 15 años de privación de la libertad, prohíbe las condenas a prisión perpetua e incorpora sanciones alternativas como la reparación del daño, las tareas comunitarias, las restricciones de acercamiento y el monitoreo electrónico.

Mientras la medida cautelar permanezca vigente, la aplicación del nuevo régimen queda suspendida en la provincia de Buenos Aires, a la espera de las acciones que adopten las autoridades y de la evolución de la causa judicial.