“La sangre corría escalera abajo”: la masacre de Carandiru

Después de la matanza, en sus comunicados oficiales el Servicio Penitenciario y la Policía Militar brasileños sostuvieron que dentro del Complejo Penitenciario de Carandiru se había desarrollado una batalla entre los presos y los policías. El “resultado” del supuesto enfrentamiento los desmentía de manera flagrante: entre los presos se contaban 111 muertos y 110 heridos, mientras que entre los más de trescientos policías militares que irrumpieron en la cárcel ninguno tenía siquiera un rasguño en la piel. Ese fue el burdo intento de encubrimiento de la mayor masacre perpetrada en un penal de Brasil. La verdad era muy diferente: según la reconstrucción que se pudo hacer a partir de las declaraciones de los sobrevivientes y de testigos independientes, quedó claro que los detenidos no ofrecieron ninguna resistencia pero que los policías les siguieron disparando, incluso a aquellos que intentaron refugiarse en las celdas, donde fueron acorralados y ejecutados a sangre fría.

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Para tener una idea de la magnitud de la carnicería basta compararla con la Masacre del Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto, perpetrada el 14 de marzo de 1978 en la Argentina. Según las cifras oficiales tuvo un saldo de 64 prisioneros muertos, casi todos devorados por las llamas que se propagaron en el recinto cerrado sin que nadie hiciera el más mínimo gesto para auxiliarlos.

En Carandiru, la cárcel más grande su superpoblada de América latina, todo era monstruoso. Tenía una capacidad para 3250 presos, pero para mediados de 1992 había casi siete mil, de los cuáles más de dos mil estaban hacinados en el Pabellón Noveno. Muchos de los reclusos no tenían condena firme, sino que estaban detenidos a la espera del juicio. A cargo de la cárcel estaba el director José Ismael Pedrosa, un hombre de extensa trayectoria en el Servicio Penitenciario brasileño, en cuya foja de servicios se combinaban las felicitaciones de las autoridades con denuncias de represión injustificada y violaciones de los derechos humanos.

Así estaban las cosas, cuando el 2 de octubre de 1992, 341 policías militares, armados con armas pesadas cargadas con munición letal y acompañados por perros entrenados, entraron al Complejo, ubicado en pleno centro de San Pablo, y dispararon contra los presos. El promedio de edad de las víctimas se calculó en 22 años y muchas de ellas no tenían condena firme, sino que estaban allí con “prisión preventiva”.

Cronología de una matanza

La tarde del viernes 2 de octubre, un partido de fútbol derivó en una pelea entre presos que pronto se convirtió en un tumulto que tuvo su epicentro en el Pabellón Noveno. Hubo peleas a golpes y también con armas blancas, y algunos presos iniciaron fuego prendiendo un colchón. Según la versión que dieron las autoridades, se trataba de un motín, pero ninguno de los testimonios recogidos entre los sobrevivientes permitió corroborarlo. La mayoría dijo que fue una pelea entre dos presos que fue escalando y que nadie tenía la intención, ni la posibilidad, de tomar la cárcel.

En esos casos, el reglamento indicaba que el Servicio Penitenciario debía resolver la situación con sus propias fuerzas, pero en lugar de hacerlo el director Pedrosa pidió a la Policía Militar (PM) que reprimiera “el motín”. La misión recayó en el coronel Ubiratan Guimarães, que se puso al mando de tres batallones de la PM y, además, pidió un refuerzo de soldados al Ejército. Y todo se desmadró hasta convertirse en una carnicería.

Decidido a reprimir a sangre y fuego, el coronel Guimarães impuso primero un cerco alrededor del penal para evitar que se acercaran civiles. La excusa fue garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero en realidad buscó – y logró – que ningún periodista ni funcionario judicial pudiera ver lo que iba a ocurrir.

Con el perímetro cerrado a cualquier ojo indiscreto, a las 15.30, dio la orden de entrar y 341 policías militares y soldados irrumpieron en el complejo. Llevaban armas de puño automáticas, ametralladoras y perros entrenados. Los disparos no tardaron en empezar a sonar. No buscaban controlar un motín sino perpetrar una masacre que sirviera como escarmiento.

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En el interior del penal estaba el doctor Drauzio Varella, uno de los médicos de Carandiru, que fue testigo directo de lo que pasó a continuación: “Mandás invadir un pabellón a oscuras, con un colchón encendido en medio de la humareda, mandás a policías que no conocen la cárcel por dentro (eran policías militares, estaban trabajando en la calle, pelotón de choque, otros), con un perro en una mano y una ametralladora en la otra mano: ¿qué creés que va a suceder?”, contó después pese a las presiones que recibió para que guardara silencio.

Relatos estremecedores

Tanto el doctor Varella como muchos de los sobrevivientes dejaron en claro que no hubo enfrentamientos de presos con la policía sino ejecuciones. “Los policías entraron arremetiendo contra todo lo que se movía y lo que no se movía. Imaginate: estás ahí preso, tenés un cuchillo en una mano y aparece en la punta da galería un pelotón de policías militares con ametralladoras en la mano y un perro. ¿Qué hacés en ese momento? Vas a tu celda, tiras el cuchillo y te escondés dentro de ella. No tenés ninguna posibilidad de enfrentarlos”, relató el médico.

El preso Sidney Salles tuvo suerte porque el policía que lo persiguió hasta su celda le “perdonó” la vida después de decirle que lo iba a matar. “Cuando salí a la galería, vi un montón de cadáveres tirados en el suelo. Nos ordenaron sacar a los muertos y cargué unos veinticinco cuerpos. Los bajábamos de los pisos y los amontonábamos en el patio. Esta escena ha sido una constante en mi mente. En los días después de la masacre, las imágenes de los cuerpos ensangrentados me torturaban psicológicamente de noche, cuando dormía. A menudo me despertaba gritando, en pánico”, explicó.

El perito criminal Osvaldo Negrini, de la Policía Civil, fue la primera persona que entró a la cárcel después de la masacre. “Cuando llegué, para alcanzar el primer piso tuve que subir una escalera: era una cascada de sangre. La sangre corría escalera abajo y me llegaba hasta la canilla”, declaró bajo juramente en uno de los juicios. También pudo reconstruir que 85 de las 111 víctimas fueron ejecutadas a sangre fría en sus celdas. “Muchos disparos fueron realizados desde las ventanillas de las puertas de las celdas y encima con ametralladora. Así los policías conseguían matar a cuatro o cinco presos de una vez. No había necesidad de una acción de este tipo, los reclusos ya estaban dominados. Pero, no se sabe por qué razón, optaron por exterminar a varios de ellos simultáneamente”, detalló.

Esos y otros testimonios también sacaron pusieron en evidencia las maniobras de encubrimiento que intentó la policía después de la matanza: plantar armas en las celdas y recoger todos los casquillos de las balas disparadas para dificultar el trabajo de los forenses. “No haber encontrado ninguna cápsula hizo imposible individualizar las conductas de los policías ni identificar a quienes dispararon en cada caso, pero las paredes hablaban, la historia estaba escrita en ellas”, declaró también Negrini y contabilizó que se habían encontrado más de quinientos impactos en ellas.

Una justicia lenta y parcial

El complejo penal de Carandiru fue demolido el 9 de diciembre de 2002, poco después que se utilizaran sus instalaciones para la filmación de “Carandiru”, una película dirigida por el argentino-brasileño Héctor Babenco y basada en el libro del médico Drauzio Varella

Los procesos judiciales se prolongaron durante décadas y hubo que esperar hasta 2013 para que la Justicia condenara a 74 de los policías que participaron en la represión por la muerte de 77 presos. Las penas en su contra oscilaron entre los 48 y los 624 años de prisión. Sin embargo, ninguno cumplió con la pena utilizando constantes apelaciones que los mantuvieron fuera de la cárcel.

El coronel Ubiratan Guimarães, jefe del operativo, ya había sido condenado en 2001 a 632 años de prisión por 102 de las 111 muertes en la masacre (seis años por cada homicidio y veinte años por cinco tentativas de homicidio). No cumplió un solo día de cárcel, porque al año siguiente, mientras apelaba la sentencia, fue elegido diputado estatal de San Pablo y luego logró que el Tribunal de Justicia de San Pablo anulara la sentencia condenatoria por un “error” de procedimiento. Fue asesinado en su casa de un tiro en la cabeza en 2006 y en la pared del edificio donde vivía apareció días después una pintada con aerosol que decía: “Aquí se hace, aquí se paga”. El director de la cárcel, José Ismael Pedrosa, no tuvo mejor suerte que el coronel. Lo mató un comando del grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), una organización nacida en las cárceles que lo tenía amenazado de muerte desde poco después de la masacre.

Para redondear el mecanismo de impunidad, los 74 policías condenados por la masacre fueron indultados por el expresidente Jair Bolsonaro el 23 de diciembre de 2022, en una de las últimas medidas que tomó durante su gobierno, pero menos de un mes después, ya con Lula en la presidencia del país, el Tribunal Supremo de Brasil anuló esos indultos.

La masacre de Carandiru pareció marcar un punto de inflexión en el sistema carcelario de San Pablo y de todo el país, con la creación prisiones más pequeñas y alejadas de los centros ciudadanos para evitar la superpoblación.

Fue apenas una ilusión: según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2025, la población carcelaria supera las 965.000 personas, incluyendo regímenes en penitenciarías y unidades policiales, frente a una capacidad de 679.000 plazas oficiales, lo que implica una superpoblación de 280.000, con el consiguiente hacinamiento. El 94% de los presos son hombres y el 70% del total son negros y pardos. Brasil tiene la tercera población carcelaria y la primera de América latina, y de acuerdo con las proyecciones oficiales, se estima que alcanzará el millón de presos en 2027.