La empresa estadounidense confirmó que no prestará servicios ni participará en tareas de exploración o producción de hidrocarburos en las Islas.
El presidente Javier Milei celebró este sábado la decisión de Halliburton Company de retirarse de las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas.
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La firma estadounidense confirmó que no prestará servicios para el emprendimiento ni participará en tareas de exploración o producción de hidrocarburos en el archipiélago y sus alrededores.
Milei compartió en su cuenta de Instagram un comunicado oficial en el que el Gobierno sostuvo que la determinación de la compañía fue “producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería”.
La confirmación se conoció luego de las advertencias realizadas por la Argentina sobre las consecuencias legales de operar en una zona bajo disputa de soberanía.
Según la información difundida, Halliburton había recibido planteos de las autoridades argentinas vinculados con el cumplimiento de la legislación vigente y las eventuales consecuencias civiles y penales para las empresas que participen en este tipo de proyectos.
El proyecto Sea Lion contempla la explotación de un yacimiento ubicado a unos 225 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y que, según las estimaciones difundidas, cuenta con reservas cercanas a 1.700 millones de barriles de petróleo.
La iniciativa está vinculada a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, empresas que mantienen sus planes de desarrollo en la zona.
La Argentina rechaza la explotación de recursos naturales en el área sin autorización nacional y sostiene que estas actividades afectan sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La salida de Halliburton se produce en medio de una estrategia del Gobierno para desalentar la participación de compañías extranjeras en emprendimientos hidrocarburíferos vinculados con Malvinas.
En septiembre, Milei impulsó un proyecto para endurecer las sanciones contra empresas, accionistas y proveedores que participen en actividades consideradas ilegales por la legislación argentina.
Desde el Ejecutivo señalaron que continuarán utilizando herramientas legales, diplomáticas y administrativas para intentar frenar el avance de proyectos hidrocarburíferos sin autorización argentina.