La Justicia define si dos hermanos acusados de abusar de menores enfrentarán un juicio oral

La Justicia santiagueña avanza hacia una instancia decisiva en una causa en la que una mujer trans apodada “Loreley” y su hermano, conocido como “Chichilo”, están acusados por presuntos abusos sexuales contra dos hermanos de 5 y 7 años.

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El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por la madre de los niños, en el marco de un conflicto previo entre adultos que involucró a exparejas y que, según trascendió durante la investigación, estuvo acompañado por distintos episodios de amenazas y enfrentamientos en el barrio 8 de Abril.

Durante el proceso se realizaron dos entrevistas en Cámara Gesell a los menores. De acuerdo con lo incorporado a la investigación, el niño de 5 años habría aportado mayores detalles sobre situaciones que, según su relato, habrían ocurrido cuando ambos hermanos concurrían a la vivienda de “Loreley”.

La investigación también incorporó una referencia a supuestos juegos denominados “Los Zombis”, que, según el relato atribuido al menor, se habrían desarrollado en un contexto de oscuridad y con la presencia de un adulto.

A partir de esos elementos, “Loreley” fue imputada por abuso sexual con acceso carnal, mientras que “Chichilo” quedó acusado de abuso sexual gravemente ultrajante. Se trata, en todos los casos, de imputaciones que deberán ser acreditadas durante las distintas etapas del proceso y que no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad.

Una investigación cuestionada por la defensa

La investigación incluyó pericias psicológicas y psiquiátricas, declaraciones de los imputados e informes socioambientales. Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal impulsó la elevación de la causa a juicio oral.

La defensa de “Loreley”, ejercida por los abogados Juan José Saín y María Florencia Gómez, sostiene una postura diferente y cuestiona el alcance de la investigación. En una de sus presentaciones solicitó que se profundizara el análisis sobre el entorno familiar de los menores y que se investigara a otras personas que, según los abogados, podrían aportar información relevante para esclarecer el origen de los relatos incorporados al expediente.

La propia imputada negó las acusaciones y sostuvo que nunca había tocado a los niños. También cuestionó la denuncia presentada por la madre de los menores y afirmó que anteriormente había realizado otras denuncias similares contra distintas personas.

Por su parte, “Chichilo” se presentó ante la Justicia en agosto de 2024, acompañado por el abogado Ramón Tarchini Saavedra.

“Loreley” había sido detenida en julio de ese año y posteriormente recuperó la libertad en noviembre, luego de que la jueza de Control y Garantías María del Huerto Bravo Suárez fijara una fianza real de $500.000.

La discusión que ahora llega a otra instancia

En las últimas actuaciones, el vocal Fernando Viaña desestimó un planteo de la defensa destinado a impedir que la causa avance hacia el juicio. Frente a esa decisión, los abogados presentaron una apelación excepcional.

Por ese motivo, la próxima instancia será determinante para establecer si el proceso queda encaminado definitivamente hacia un debate oral o si la defensa consigue que la causa sea revisada antes de que los acusados deban sentarse frente a un tribunal.

Mientras esa discusión continúa, “Loreley” y “Chichilo” mantienen su condición de imputados y gozan del principio de inocencia. Será la Justicia, a través de las instancias correspondientes, la que deberá determinar si corresponde llevarlos a juicio y, eventualmente, establecer su responsabilidad penal a partir de la prueba que sea incorporada al proceso.