El Gobierno busca reactivar el Senado con dos proyectos y deja en pausa la reforma política

El Gobierno nacional busca volver a poner en marcha la actividad del Senado durante octubre y concentrará sus esfuerzos en dos iniciativas que considera con posibilidades de avanzar: la reforma de la Ley de Salud Mental y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

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La estrategia implica, al menos por ahora, separar la agenda legislativa de la discusión electoral. El oficialismo no prevé convocar nuevamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar la reforma política hasta alcanzar un entendimiento que le permita reunir los votos necesarios.

La negociación quedó en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con gobernadores y distintos bloques del Congreso. El objetivo del Ejecutivo continúa siendo conseguir la aprobación de los cambios electorales antes de que finalice el año, aunque esa discusión dejó de ser el eje de la agenda inmediata del Senado.

Uno de los expedientes que podría llegar al recinto es el del Tratado de Cooperación en materia de Patentes. La Cámara de Diputados aprobó la adhesión el pasado 27 de agosto por 147 votos a favor y 93 en contra, pero introdujo modificaciones que obligaron a que el proyecto regresara al Senado.

El PCT establece un mecanismo que permite presentar una solicitud internacional de patente y continuar posteriormente el trámite en los países donde el solicitante pretende obtener protección. La adhesión no reemplaza las decisiones que deben tomar las oficinas nacionales de cada Estado.

El tratado fue firmado por la Argentina en 1970 y su incorporación al derecho interno permaneció pendiente durante décadas. De acuerdo con los antecedentes parlamentarios, el Senado había dado su aprobación en 1998 y el expediente quedó luego a consideración de Diputados.

El otro proyecto que el oficialismo pretende impulsar es la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, iniciativa que comenzó a debatirse en el Senado durante el primer semestre del año y que atravesó distintas reuniones con especialistas, familiares y representantes de organizaciones vinculadas a la temática.

La propuesta plantea cambios en los criterios para disponer internaciones involuntarias, con el objetivo declarado por el Gobierno de facilitar la intervención ante situaciones de riesgo y establecer pautas más precisas para los equipos profesionales.

Entre las modificaciones analizadas figura un mayor peso de la evaluación médica y psiquiátrica, además de mecanismos de revisión para las personas internadas. El proyecto también contempla cambios en la atención de pacientes externados y busca ampliar la articulación entre hospitales generales e instituciones especializadas.

La iniciativa oficial apunta además a actualizar la normativa vigente, sancionada en 2010, y establecer criterios de aplicación que puedan implementarse de manera homogénea en las distintas jurisdicciones del país. Durante septiembre, el Ministerio de Salud informó que se incorporaron modificaciones al proyecto y que fueron presentadas ante las autoridades sanitarias provinciales.

Mientras esos dos expedientes aparecen como posibles prioridades para octubre, otros proyectos impulsados por el Ejecutivo continúan sin una fecha definida para su tratamiento en la Cámara alta. Entre ellos se encuentran Super-RIGI, la reforma de la Ley de Sociedades, Hojarasca y las modificaciones al régimen de Etiquetado Frontal.

En paralelo, el oficialismo mantiene como objetivos centrales la aprobación del Presupuesto 2027 y la reforma política. La discusión electoral incluye modificaciones vinculadas a las PASO, la Boleta Única y otros aspectos del sistema electoral.

De esta manera, el Gobierno encara los próximos meses con una agenda legislativa dividida: por un lado, intenta avanzar con proyectos que cuentan con mayores posibilidades de reunir consensos en el Senado; por otro, mantiene abiertas las negociaciones políticas para destrabar la reforma electoral.

La intención oficial es llegar a diciembre con el Presupuesto 2027 aprobado y avanzar también con la reforma política, mientras busca aprovechar octubre para destrabar otros expedientes que ya tienen recorrido parlamentario.