La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, repudió la protesta y anunció una denuncia judicial. Los estudiantes reclaman que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, un día después de que la Justicia ordenara al Gobierno cumplirla.
Un grupo de estudiantes universitarios ingresó este miércoles al Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, y permaneció en el edificio para reclamar respuestas del Gobierno sobre el financiamiento de las universidades públicas. La protesta terminó con la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina, que desalojaron el lugar.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El reclamo se produjo en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y la comunidad universitaria. Los estudiantes exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, además de un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo y mayores partidas para residencias y comedores universitarios, entre otros puntos.
La protesta comenzó con una sentada y luego los manifestantes ingresaron al edificio ubicado en Pizzurno 935. Según los estudiantes, la medida fue pacífica y se tomó después de haber agotado otras instancias de reclamo. Entre los presentes había representantes de la UBA, UNA, UNLP, UNQ y UNSAM, además de agrupaciones estudiantiles.
Los manifestantes reclamaban además mantener una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, para conocer cuándo y de qué manera el Gobierno implementará la ley. Torrendell llegó a recibir a un grupo de representantes, aunque el encuentro terminó pocos minutos después y no se alcanzó un acuerdo. Posteriormente también se presentó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en un clima de creciente tensión dentro y fuera del edificio.
Mientras los estudiantes sostenían su permanencia en el interior, en las inmediaciones del Palacio Pizzurno se desplegó un operativo de la Policía Federal. El Ministerio de Capital Humano aseguró posteriormente que se produjeron daños al patrimonio público y calificó la ocupación como una acción violenta. Desde el sector estudiantil, en cambio, insistieron en que se trató de una sentada pacífica para exigir el cumplimiento de una ley vigente.
Después del operativo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, publicó un contundente mensaje en sus redes sociales: “Por la fuerza, nada”, en referencia a la ocupación del edificio y en alusión a una consigna del presidente Javier Milei.
El Ministerio anunció además que presentará una denuncia judicial para que se investigue lo sucedido, se determinen eventuales daños y se establezcan las responsabilidades correspondientes.
“No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”, sostuvo Pettovello. La funcionaria remarcó además que el derecho a manifestarse debe ejercerse “dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.
La protesta se produjo apenas un día después de un fallo judicial que ordenó al Gobierno implementar la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el tramo del Decreto 759/2025 mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido la aplicación de la norma y ordenó al Gobierno cumplirla de manera inmediata. La resolución también estableció que deben garantizarse recursos para salarios docentes, gastos de funcionamiento y becas.
El Gobierno había promulgado la ley luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero posteriormente condicionó su ejecución mediante un decreto. El Ejecutivo argumentó que la normativa establecía incrementos presupuestarios y salariales sin determinar de dónde saldrían los recursos, por lo que consideraba que existía una incompatibilidad con las reglas de administración financiera.
El juez Cormick consideró que esa estrategia del Gobierno funcionó como una suerte de “mecanismo extraconstitucional” para impedir la aplicación de una ley ya aprobada y ratificada por el Congreso. Frente al fallo, el Ejecutivo anunció que apelará la decisión, por lo que la disputa judicial continuará.
El enfrentamiento entre las universidades y el Gobierno no comenzó con la protesta de este miércoles. La comunidad universitaria viene reclamando desde hace más de un año por el presupuesto, los salarios docentes y no docentes y el financiamiento de las instituciones.
Durante ese período se realizaron marchas federales, clases públicas, cortes de calles y distintos pedidos formales para exigir la aplicación de la ley. Los estudiantes sostienen que ya recurrieron a diferentes mecanismos de protesta y que la falta de respuestas fue lo que llevó a tomar la decisión de ingresar al Palacio Pizzurno.
El conflicto tendrá además una nueva instancia de movilización el 15 de octubre, cuando está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria. En esta oportunidad, la concentración tendrá como destino el Palacio de Tribunales, en reclamo por el financiamiento y en respaldo al fallo judicial que ordenó al Ejecutivo implementar la ley.
La tensión entre el Gobierno y el movimiento universitario queda así instalada nuevamente en el centro de la agenda política, con una disputa que ahora transita simultáneamente por las calles, las universidades y la Justicia.