La Casa Rosada recibió con alivio la decisión del máximo tribunal, que restableció provisoriamente las restricciones a la compra de tierras por extranjeros.
El Gobierno de Javier Milei celebró este viernes el fallo de la Corte Suprema de Justicia que volvió a poner en vigencia, de manera provisoria, las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En la Casa Rosada consideran que la resolución representa un alivio político y podría desactivar el avance de la oposición en el Congreso contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.
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La decisión del máximo tribunal consiste en una medida cautelar interina que suspende los efectos del artículo 154 del decreto presidencial, mediante el cual se había derogado la Ley de Tierras. De esta manera, vuelven a regir temporalmente los límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros, mientras continúa el proceso judicial.
Según publicó La Nación, fuentes del Gobierno reconocieron que la resolución judicial reduce la presión política sobre el oficialismo, ante la sesión especial que distintos bloques opositores buscan concretar en la Cámara de Diputados.
"Nos descomprime y quita foco y presión sobre el intento de sesión la semana que viene", señalaron desde la Casa Rosada.
El oficialismo busca evitar el rechazo del DNU 70/2023
La preocupación del Gobierno estaba centrada en la posibilidad de que el peronismo, la izquierda y sectores aliados al oficialismo reunieran los votos necesarios para avanzar contra el DNU 70/2023, una de las principales herramientas normativas impulsadas por Milei desde el inicio de su gestión.
La iniciativa opositora cobró fuerza después de una resolución anterior de la Corte Suprema que había dejado sin efecto, por cuestiones procesales, una sentencia judicial que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.
Sin embargo, con la nueva decisión del tribunal, el Gobierno interpreta que uno de los principales argumentos que impulsaban el acuerdo entre distintos bloques parlamentarios perdió fuerza, debido a que las restricciones a la compra de tierras por extranjeros quedaron nuevamente vigentes.
En Balcarce 50 consideran que el escenario podría dificultar la construcción de una mayoría opositora para rechazar el decreto en su totalidad.
Además, fuentes oficiales reconocieron que el Gobierno ya había perdido respaldo político en la discusión sobre la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras, por lo que no consideran conveniente volver a impulsar esa modificación en el Congreso.
La decisión judicial y las repercusiones políticas
El fallo fue adoptado con una mayoría integrada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con dos conjueces, mientras que Carlos Rosenkrantz expresó su disidencia respecto de la medida cautelar.
La resolución no determina de manera definitiva la constitucionalidad del DNU, sino que establece una medida provisoria hasta que la Justicia Federal de Bariloche avance en el análisis del expediente.
En el plano político, el oficialismo también considera que la decisión podría generar diferencias entre los sectores opositores que habían encontrado en la defensa de la Ley de Tierras un punto de coincidencia para cuestionar al Gobierno.
Por otra parte, desde la Casa Rosada rechazaron que hayan existido contactos previos con integrantes de la Corte Suprema por parte del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, o del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
De esta manera, el Gobierno apuesta a que la resolución judicial reduzca la presión parlamentaria y le permita evitar una nueva confrontación legislativa, aunque la oposición mantiene abierta la posibilidad de avanzar con el tratamiento del DNU en Diputados.