Argentina avanza con Estados Unidos en un plan para reemplazar tecnología china en redes del Estado

El Gobierno de Javier Milei avanza en un programa de cooperación con Estados Unidos para reducir progresivamente la presencia de tecnología china en redes estatales y fortalecer la protección de los sistemas informáticos públicos. El proyecto incluye el reemplazo de equipamiento de Huawei instalado en sectores sensibles y la creación de un centro nacional de operaciones de ciberseguridad.

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La iniciativa cuenta con una convocatoria de financiamiento del Departamento de Estado estadounidense por hasta US$13.912.185 y contempla un plazo de hasta 36 meses para diseñar, poner en marcha y consolidar un sistema centralizado de monitoreo y respuesta ante ataques informáticos.

Según los lineamientos del programa, la asistencia apunta a fortalecer las capacidades argentinas frente a amenazas digitales y avanzar en una transición ordenada hacia proveedores tecnológicos considerados confiables por Washington. El plan también busca reducir la dependencia de equipamiento externo al hemisferio occidental, en un contexto de creciente competencia entre Estados Unidos y China.

El futuro centro funcionaría dentro de la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad, y no de ARSAT. Su objetivo será ampliar la capacidad estatal para detectar intrusiones, analizar amenazas y coordinar respuestas ante incidentes que afecten redes gubernamentales e infraestructura crítica.

La primera etapa prevé un relevamiento integral de las redes, los sistemas y los centros de datos del Gobierno nacional. A partir de ese diagnóstico, se elaborarán inventarios de equipamiento, se identificarán dispositivos considerados de riesgo y se establecerán prioridades para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin afectar servicios esenciales.

El segundo eje estará enfocado en desarrollar herramientas de vigilancia permanente. Entre las capacidades previstas figuran la centralización de registros de seguridad, la instalación de sensores, la detección de comportamientos anómalos y el intercambio de información sobre amenazas entre distintos organismos públicos.

El programa también contempla recomendaciones para adecuar el marco institucional y legal. Entre otros aspectos, se analizarán las atribuciones del nuevo centro, los criterios para compartir información entre dependencias, las condiciones de almacenamiento de datos y las responsabilidades de cada organismo ante un ataque informático.

De acuerdo con los detalles de la iniciativa, cerca de US$5 millones se destinarían al diseño de la arquitectura tecnológica, además de fondos para evaluar las redes, organizar la estructura institucional y capacitar al personal argentino. La intención es formar analistas e ingenieros que puedan sostener el funcionamiento del sistema una vez concluida la asistencia estadounidense.

Sin embargo, el aporte de Washington no cubriría la totalidad del recambio tecnológico. La Argentina debería afrontar principalmente la adquisición de equipos y programas informáticos, además de los gastos operativos del centro. El financiamiento estadounidense podría destinarse a componentes específicos cuando resulten indispensables para el desarrollo del proyecto.

La iniciativa se inscribe en una discusión más amplia entre la Casa Rosada y Washington sobre la seguridad de los proveedores tecnológicos utilizados en infraestructura crítica. Estados Unidos viene impulsando la reducción del uso de empresas chinas, como Huawei, en sistemas sensibles y sostiene que la selección de proveedores debe contemplar criterios de seguridad, además del costo.

En los últimos meses, el embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, también advirtió sobre los riesgos que Washington atribuye al uso de tecnología china y reclamó que esos factores sean considerados en las decisiones sobre infraestructura estratégica.

China, por su parte, rechaza las acusaciones. La Embajada de ese país en Buenos Aires cuestionó los señalamientos sobre supuestos riesgos de su tecnología, criticó lo que describió como una “mentalidad de Guerra Fría” y advirtió contra los intentos de trasladar la disputa entre Washington y Beijing a terceros países.

La cooperación entre la Argentina y Estados Unidos en materia de ciberseguridad también alcanzó al ámbito militar, con actividades de capacitación y ejercicios vinculados con la protección de infraestructura crítica y la respuesta ante ataques informáticos.

En paralelo, ARSAT prepara una licitación pública internacional por US$49 millones para modernizar parte de su red, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. El proceso contempla renovar equipamiento de las redes ópticas y de transmisión de datos, además de ampliar su capacidad, dentro de la agenda de infraestructura vinculada con el Corredor Andes-Atlántico.