Financiamiento universitario: la Justicia le impuso una multa diaria de $100 mil al Gobierno por incumplir una cautelar

La Justicia federal impuso una multa de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al considerar que el Gobierno nacional incumplió una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada este miércoles por el juez Martín Cormick, quien advirtió que tanto el monto de la sanción como los funcionarios alcanzados podrían modificarse.

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La decisión busca garantizar el cumplimiento de una orden judicial que exige actualizar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas, además de recomponer y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.

En su resolución, el magistrado sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y aplicar sanciones económicas diarias al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El reclamo de las universidades

La medida se tomó a partir de un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado nacional continuaba sin cumplir la cautelar, pese a que había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.

Según lo expuesto en la causa, el Gobierno había sido intimado a cumplir con la medida en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Posteriormente, el juzgado otorgó una nueva prórroga por igual período, pero los pagos reclamados todavía no se habían concretado, de acuerdo con la presentación de la parte demandante.

Ante esa situación, el CIN pidió que se hiciera efectiva la advertencia judicial y se establecieran multas progresivas por cada día de demora. El juez hizo lugar al planteo y fijó inicialmente la sanción en $100.000 diarios, con la posibilidad de ampliar su alcance si el incumplimiento continúa.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente contempla la actualización de los salarios del personal docente y no docente, así como la recomposición de las becas estudiantiles.

En materia salarial, la normativa establece que los haberes debían adecuarse en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. Según ese cálculo, el incremento correspondiente debía alcanzar el 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

Además, la ley dispone que las remuneraciones se actualicen mensualmente de acuerdo con la evolución del IPC y establece medidas para recomponer y actualizar los montos de las becas.

La controversia judicial continúa mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal, luego de que el Estado apelara el fallo que declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la norma.

La postura del Gobierno nacional

En su apelación, el Gobierno sostuvo que la medida judicial le impone una obligación económica cuyo alcance considera indeterminado, debido a que no establecería con precisión las sumas que debe pagar para dar por cumplida la cautelar.

También argumentó que desde diciembre de 2023 se otorgaron aumentos salariales al personal universitario. Según sus cálculos, con el incremento del 21,33% dispuesto en junio de 2026, la suba acumulada llegó al 226,80%, por encima del porcentaje que consideraba correspondiente para el período analizado.

El Ejecutivo añadió que convocó a la negociación paritaria prevista en la ley y mencionó una propuesta de recomposición del 3% para septiembre de 2026, complementaria de otro incremento del 3% acordado en junio, con impacto en los haberes de octubre.

Por último, cuestionó el criterio que exigiría una actualización salarial acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Al respecto, argumentó que el Presupuesto 2026 no contempla fondos para afrontar un incremento de esa magnitud y pidió que su apelación tuviera efecto suspensivo.

Sin embargo, Cormick rechazó ese planteo, por lo que la cautelar continúa vigente mientras se tramita la apelación. En ese contexto, la multa diaria busca presionar para que el Gobierno cumpla con las obligaciones establecidas judicialmente.