Estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y autoridades universitarias participan de la quinta movilización federal para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Miles de personas se movilizan este jueves en distintos puntos de la Argentina, con una concentración central frente al Congreso de la Nación, para reclamar la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada reúne a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados, autoridades académicas, sindicatos y organizaciones sociales en defensa de la educación pública.
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La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios del sector, constituye la quinta Marcha Federal Universitaria. En la Ciudad de Buenos Aires, las columnas comenzaron a concentrarse desde las primeras horas de la tarde en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se programó el acto central para las 16.
El reclamo se replica en universidades de distintas provincias y tiene como principales ejes la recomposición de los salarios docentes y no docentes, el financiamiento para el funcionamiento de las instituciones y la actualización de los fondos destinados a las becas estudiantiles.
Uno de los principales argumentos de la comunidad universitaria es el deterioro de los ingresos del personal y la pérdida de recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de investigación.
Según un relevamiento publicado por Chequeado, el presupuesto destinado a la educación superior para 2026 se ubica un 25,3% por debajo, en términos reales, del nivel de 2023. Para recuperar aquella inversión, el gasto previsto debería pasar de $6,2 billones a unos $8,3 billones.
En materia salarial, el mismo análisis indicó que los sueldos docentes se encontraban un 24,2% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. En septiembre de 2026, un auxiliar docente de primera con dedicación simple, nueve horas semanales y diez años de antigüedad percibió $421.236.
De acuerdo con ese cálculo, para alcanzar la actualización prevista por la Ley de Financiamiento Universitario, ese haber debería llegar a aproximadamente $556.000, lo que representa un incremento adicional cercano al 32% sobre el salario de septiembre.
Los gremios advierten que la situación afecta las condiciones de trabajo, la continuidad de las actividades académicas y la posibilidad de sostener la investigación y la formación profesional en las universidades nacionales.
La movilización se produce en medio de una disputa que enfrenta al sistema universitario con el Gobierno de Javier Milei desde 2025.
La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en agosto de ese año. La norma contempla la actualización de los recursos para las universidades y medidas de recomposición salarial, además de fondos para las becas estudiantiles.
Sin embargo, el Presidente vetó la iniciativa en septiembre de 2025. Aunque el Congreso rechazó el veto, el Poder Ejecutivo promulgó la norma y condicionó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento.
La controversia llegó a la Justicia. En ese marco, el juez federal Martín Cormick ordenó cumplir con disposiciones referidas a la actualización de los salarios del personal universitario y los fondos para las becas. La medida cautelar fue ratificada y continúa vigente, mientras se resuelve la discusión de fondo.
En la antesala de la marcha, el magistrado dispuso una multa diaria de $100.000 para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el incumplimiento de la orden judicial. La decisión agregó presión sobre el Gobierno en un conflicto que lleva meses sin una solución definitiva.
La protesta cuenta con el acompañamiento de distintas organizaciones gremiales, entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), además de agrupaciones estudiantiles y organizaciones sociales.
Durante la jornada también se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso. Según los primeros reportes periodísticos, algunos manifestantes rompieron sectores de las veredas y arrojaron piedras contra efectivos policiales. En ese contexto, las fuerzas de seguridad utilizaron un camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersar a quienes protagonizaban los enfrentamientos.
Los episodios de tensión se produjeron en medio de un amplio operativo de seguridad desplegado en la zona, con vallados y cortes de tránsito.
La marcha coincidió con una nueva pulseada entre el oficialismo y la oposición en el Congreso. Este jueves, los bloques opositores intentaron abrir una sesión especial para tratar la derogación del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias.
Sin embargo, la convocatoria fracasó por falta de quórum: se reunieron 121 diputados, ocho menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
En ese escenario, la movilización universitaria volvió a poner en el centro de la discusión nacional el financiamiento de la educación superior y el cumplimiento de una ley que ya fue aprobada por el Congreso y que continúa siendo objeto de una disputa judicial.
La comunidad universitaria reclama una respuesta concreta del Ejecutivo y sostiene que la actualización de los salarios y los recursos resulta indispensable para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas en todo el país.