Así lo revela un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estimado que el Producto Interior Bruto (PIB) de Argentina caiga hasta un 10% este año, en caso de que se de un segundo brote de coronavirus en el país, y del 8,2% en el caso de que la pandemia haya sido controlada, lo que supone la peor previsión de la organización para un país latinoamericano.
A través de un informe de previsiones macroeconómicas globales, la OCDE ha explicado que cuando la pandemia de Covid-19 golpeó a Argentina, a principios de marzo, la economía del país ya estaba en recesión y con una alta incertidumbre, en particular por el proceso de reestructuración de deuda al que está sometido el país.
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"Si bien las medidas temporales de confinamiento han mitigado la propagación del virus, también han reducido la capacidad de producción y la demanda doméstica. Con una salida gradual del aislamiento, la demanda doméstica se recuperará, pero permanecerá sometida a un mayor desempleo y una caída en los ingresos familiares. Por otro lado, un repunte de las inversiones en el país dependerán del éxito de las negociaciones del Gobierno en el proceso de deuda", ha explicado el texto.
La organización indica que se han adoptado medidas sólidas y temporales para contener a la pandemia, así como para apoyar a los hogares y empresas del país, lo cual, apunta, debería repetirse en el caso de que se produzca un rebrote de la enfermedad. Por otra parte, el organismo ha resaltado que actualmente Argentina se encuentra sin acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que el banco central argentino está contribuyendo a la financiación del déficit fiscal, al cual se le suman presiones añadidas en la inflación y en las tasas de cambio.
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La OCDE explica que el éxito en el proceso de reestructuración de deuda aliviaría estas presiones, pero más allá de esto los esfuerzos quizá requieran que se fortalezca la sostenibilidad de las finanzas públicas. "Las mejoras en la eficiencia del gasto público deberían ser la principal herramienta para conseguir esto, apoyado a través de una evaluación de los costes y beneficios de los regímenes de impuestos especiales, exenciones y las fugas en el sistema tributario", apunta el informe.