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Opinión y Actualidad

Reformas y nuevos incentivos para potenciar la formalización laboral

La reforma laboral enfrenta dificultades estructurales. Promover la formalidad requiere mucho más que modificar la legislación actual.

Hoy 05:31

Por Federico Pablo Vacalebre, en diario Ámbito
La agenda de reforma laboral en la Argentina enfrenta una dificultad estructural: la existencia de fuertes incentivos económicos que desalientan la formalización, especialmente entre los sectores de menores ingresos. Uno de los factores más relevantes es la marcada diferencia entre los beneficios sociales que recibe un trabajador informal respecto de uno formal, particularmente en lo referido a las asignaciones por hijo. Por eso, promover la formalidad requiere mucho más que modificar la legislación laboral.

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En la Argentina hay 19 millones de ocupados urbanos. De ellos, apenas 6 millones —el 32%— son asalariados registrados en el sector privado. Otros 3,5 millones —el 18%— trabajan en el sector público. En consecuencia, la mitad de los trabajadores urbanos se desempeña de manera informal o como cuentapropistas. Desde 2012, el empleo urbano creció en 4 millones de personas, pero solo el 5% de ese incremento correspondió a asalariados privados formales; el 20% se explicó por empleo público, el 25% por monotributistas y el 50% restante por informalidad.

El objetivo de la reforma laboral es revertir esta dinámica. Por un lado, es necesario revisar los factores que desincentivan la generación de empleo formal en empresas medianas y grandes. Por otro, resulta igualmente importante abordar las razones —económicas y de diseño institucional— que llevan a trabajadores con bajos ingresos y a microemprendimientos a operar en la informalidad, donde se concentra la mayor parte del problema.

En los sectores menos calificados, los incentivos económicos para permanecer en la informalidad son contundentes. Un trabajador con un hijo menor de tres años recibe, si está registrado, una Asignación por Hijo de $60.000 mensuales. Si no lo está, percibe $120.000 por el mismo concepto a través de la AUH. A esto se suman $52.000 de Tarjeta Alimentar y $45.000 de complemento alimentario, también por tratarse de un niño menor de tres años. En la informalidad, el trabajador recibe así $217.000 mensuales por hijo, frente a los $60.000 que obtendría en la formalidad. Para ingresar al empleo registrado, requerirá una remuneración significativamente mayor que compense esa diferencia, que multiplica por casi cuatro el beneficio percibido.

Este diferencial se combina con otros elementos que encarecen la formalidad, como las cargas sociales —que rondan el 50% del salario de bolsillo— y las obligaciones derivadas de los convenios colectivos.

Para generar un proceso sostenido de formalización se necesita un abordaje integral. En primer lugar, es imprescindible mejorar el diseño de los beneficios sociales. Si bien cualquier corrección tiene impacto fiscal, nivelar las prestaciones por hijo entre trabajadores formales e informales de menores ingresos es una condición necesaria para reducir el incentivo a operar fuera del sistema.

También contribuiría flexibilizar el requisito de 30 años de aportes para acceder a la jubilación, de manera que los trabajadores con trayectorias laborales intermitentes perciban que sus aportes —aunque parciales— les permitirán una prestación mayor que la mínima.

A esto se suma la necesidad de aliviar los costos laborales para las microempresas. Una medida con impacto fiscal acotado sería establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial, focalizado en emprendimientos pequeños. Asimismo, permitir que las empresas puedan desvincularse de los convenios colectivos de actividad y adoptar acuerdos propios —suscritos directamente entre empleadores y trabajadores— podría otorgar mayor flexibilidad y facilitar la formalización.

En síntesis, la reducción de la informalidad solo tendrá impacto fiscal positivo si se acompaña con un conjunto más amplio de herramientas y rediseños institucionales. La formalización masiva en las microempresas es deseable, pero exige una estrategia integral que modifique incentivos, reduzca costos y mejore la previsibilidad del sistema.