Gendarmería Nacional ha desarticulado una organización narcocriminal que utilizaba fincas en Colonia Santa Rosa como tapadera para el tráfico de cocaína, tras el hallazgo de 30 kilos de droga en un cargamento agrícola.
En un operativo reciente, efectivos de Gendarmería Nacional lograron desmantelar una organización narcocriminal en el norte de Argentina, específicamente en Colonia Santa Rosa, donde se descubrió que la banda alquilaba fincas para encubrir sus actividades ilícitas.
La investigación se inició después del hallazgo de 30 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de berenjenas, lo que llevó a las autoridades a realizar un exhaustivo análisis de la red de distribución de estupefacientes en la región.
El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, validó la detención de los líderes de la banda, incluyendo a dos hermanos de apellido R. y un ciudadano venezolano, por el delito de almacenamiento de estupefacientes agravado, dictando prisión preventiva por 90 días.
Los cabecillas de la organización arrendaban propiedades en Colonia Santa Rosa bajo la apariencia de cultivar tomates y hortalizas, mientras que en realidad acopiaban drogas provenientes de Bolivia. En una de estas fincas, se hallaron 171 kilogramos de cocaína de alta pureza ocultos en una zanja.
Para gestionar su logística, los integrantes de la banda se reunían en un local comercial denominado “El Bunker”, que pertenecía a uno de los imputados. Las fuerzas de seguridad también llevaron a cabo un allanamiento en un local bailable y confiscaron varios vehículos de alta gama, incluyendo camionetas Toyota y Volkswagen.
El avance de la causa fue facilitado por el análisis de teléfonos celulares y testimonios de tres detenidos que se acogieron a la figura del arrepentido. “Todo el mundo sabe quiénes son”, comentaron fuentes cercanas al caso, refiriéndose al poder económico de la banda en la localidad.
El fiscal federal Marcos Romero subrayó la peligrosidad de esta organización y la posibilidad de fuga, particularmente del ciudadano venezolano, quien ya tenía pedidos de captura internacionales. La justicia ha estipulado un plazo de 120 días para continuar las investigaciones sobre los dispositivos electrónicos y evaluar posibles ramificaciones adicionales de esta red en la provincia.