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Cámara Federal revoca sobreseimiento de exjefe policial por delitos graves

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento del excomisario Joaquín Guil, permitiendo que continúe la investigación por delitos de lesa humanidad relacionados con la privación ilegítima de la libertad de un estudiante universitario.

Hoy 01:30

La Cámara Federal de Casación Penal ha tomado una decisión significativa al anular el sobreseimiento del excomisario Joaquín Guil, quien había sido desvinculado de la investigación por delitos de lesa humanidad. Esta resolución surge tras el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en respuesta a un fallo previo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma han argumentado que la decisión de sobreseer a Guil carecía de fundamentación adecuada. Consideraron que no se había alcanzado el grado de certeza negativa necesario para concluir la investigación, lo que es esencial en casos de esta índole.

El proceso se inició a raíz de una denuncia presentada por la víctima el 6 de febrero de 2014. En el contexto de la causa, el exjefe policial fue procesado el 9 de noviembre de 2016 por el juez federal Julio Bavio, quien lo imputó por los delitos que el MPF había señalado.

A pesar de este procesamiento, la Sala II de la Cámara Federal de Salta revocó la decisión tras un planteo de la defensa, lo que llevó a una serie de apelaciones por parte del MPF. El fiscal general Carlos Martín Amad impugnó el fallo original, pero fue desestimado por la Cámara de Apelaciones.

Ante esta situación, el fiscal general Eduardo José Villalba presentó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal, argumentando que la resolución de la Cámara de Apelaciones era prematura y carecía de fundamentos sólidos. Villalba enfatizó que el tribunal no podía introducir o excluir imputaciones en el proceso penal, una facultad exclusiva del MPF.

En la audiencia, el fiscal Raúl Pleé apoyó los argumentos de Villalba, destacando que la resolución cuestionada obstaculizaba el ejercicio de la acción penal y el deber del Estado de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad. Pleé argumentó que la falta de evidencia inequívoca no debía ser motivo para considerar el sobreseimiento.

Finalmente, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal decidieron anular el sobreseimiento, permitiendo que la investigación continúe y que se evalúen en profundidad los elementos probatorios presentados, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.