El Gobierno prepara cambios en el financiamiento universitario dentro del Presupuesto 2027

El Gobierno nacional avanza en la preparación del Presupuesto 2027 y proyecta incorporar cambios en el esquema de financiamiento universitario, uno de los principales focos de conflicto que mantiene con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles.

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En la Casa Rosada confían en que podrán reunir los votos necesarios para aprobar la ley de gastos y recursos y descartan, por el momento, postergar su tratamiento. El proyecto deberá ser enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso antes del 15 de septiembre, tal como establece la Ley de Administración Financiera.

La intención del oficialismo es comenzar inmediatamente las negociaciones con los distintos bloques parlamentarios y avanzar en paralelo sobre varios temas pendientes de su agenda legislativa.

Uno de los puntos centrales del Presupuesto 2027 será la incorporación de un nuevo esquema de financiamiento para las universidades nacionales. En el Ejecutivo todavía trabajan sobre los porcentajes y la fórmula que propondrán para el próximo ejercicio.

La estrategia apunta a encauzar el conflicto generado por la Ley 27.795, cuya aplicación derivó en protestas, paros universitarios y una disputa judicial que todavía continúa abierta.

El conflicto se originó luego de que el Congreso aprobara la Ley de Financiamiento Universitario y el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las correspondientes partidas presupuestarias.

A partir de esa decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo ante la Justicia.

La Corte Suprema intervino posteriormente en el expediente vinculado con la medida cautelar que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la norma, relacionados principalmente con la actualización de salarios docentes y no docentes y con distintos programas destinados a estudiantes.

Sin embargo, el máximo tribunal no resolvió el fondo de la discusión. El 25 de junio rechazó un recurso extraordinario presentado por el Estado al considerar que la medida cautelar no constituía una sentencia definitiva, por lo que el expediente continuó su trámite en las instancias judiciales inferiores.

En el Gobierno consideran que existe un nuevo elemento que podría ayudar a reducir la disputa: el acuerdo firmado el 10 de junio entre Nación, el CIN y los gremios universitarios.

Ese entendimiento contempló una recomposición de la masa salarial del 24,33%, un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento, una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

En la Casa Rosada entienden que ese acuerdo permitió resolver parte de los reclamos que habían originado la cautelar judicial, aunque todavía persisten diferencias vinculadas con la recomposición pendiente correspondiente a 2024 y con distintos aspectos del financiamiento estudiantil.

Por ese motivo, el Ejecutivo apunta ahora a utilizar el Presupuesto 2027 como una herramienta para establecer nuevas partidas y reglas de financiamiento, con el objetivo de evitar que el próximo año vuelva a comenzar con una disputa similar.

La intención oficial es avanzar durante las próximas semanas en las negociaciones para definir la fórmula definitiva y buscar un acuerdo más amplio que permita, al mismo tiempo, reducir progresivamente la conflictividad judicial.

El Gobierno también evalúa posibles modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque ese capítulo presenta por ahora un menor grado de definición.

La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderla durante un año más. La normativa contempla pensiones no contributivas, prestaciones y medidas destinadas a los prestadores del sistema.

Cualquier modificación deberá contemplar, además, que el régimen ya se encuentra en ejecución luego de su reglamentación, que se produjo en febrero tras una resolución judicial que ordenó su aplicación.

El oficialismo pretende acelerar durante las próximas semanas el tratamiento de varias iniciativas que todavía permanecen pendientes en el Congreso.

Entre ellas figuran los proyectos vinculados con Zonas Frías, la Ley Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y modificaciones a la Ley General de Sociedades.

Sin embargo, en el Gobierno aseguran que el tratamiento del Presupuesto no dependerá de que todas esas iniciativas sean aprobadas antes del 15 de septiembre.

La prioridad será avanzar con la mayor cantidad posible de proyectos y luego concentrar una parte importante de las negociaciones políticas en la ley de gastos y recursos para 2027.

La estrategia oficial tiene como antecedente lo ocurrido durante el debate del Presupuesto 2026, cuando el Gobierno intentó incorporar modificaciones vinculadas con universidades y discapacidad, pero no logró sostener esos artículos durante la votación en particular.

Dentro del Ejecutivo reconocieron posteriormente que el resultado estuvo relacionado con la falta de acuerdos previos y con una negociación política que no logró consolidarse antes de llegar al recinto.

Esta vez, la Casa Rosada busca evitar una discusión improvisada y llegar al debate con una base de apoyos más firme, especialmente entre los gobernadores y los bloques dialoguistas.

El conflicto universitario también quedó atravesado por diferencias internas dentro del oficialismo, con tensiones entre distintos sectores de la conducción política por el manejo de las negociaciones y la estrategia parlamentaria.

Ahora, el Gobierno apuesta a ordenar esa discusión, acelerar las reformas pendientes y llegar a septiembre con mejores condiciones políticas.

El objetivo es claro: sancionar el Presupuesto 2027, establecer un nuevo esquema para el financiamiento universitario y reducir la conflictividad con el sistema educativo, mientras continúan bajo análisis los eventuales cambios en el régimen de emergencia en discapacidad.