Protesta en Jujuy por el femicida de Natividad Cañizares

El pasado sábado, un grupo de familiares de víctimas de violencia de género se reunió en Plaza Belgrano, en Jujuy, para expresar su rechazo a la solicitud de prisión domiciliaria realizada por la defensa de José Nicolás Romero, el condenado a prisión perpetua por el femicidio de Natividad Cañizares. Esta manifestación se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de las mujeres y la necesidad de que los agresores cumplan sus condenas en penitenciarías, como lo estipula la ley.

Durante la protesta, Gladys Maráz, hija de la víctima, se convirtió en una de las voces más destacadas, cuestionando la validez de los argumentos presentados por la defensa del condenado. Maráz enfatizó que la sentencia de prisión perpetua debe asegurar que el agresor permanezca en prisión y alejado de la sociedad, y expresó su incredulidad ante la falta de justificaciones sólidas para un posible cambio en las condiciones de condena.

La manifestante también subrayó que hasta la fecha no existen pruebas que respalden la afirmación de que Romero sufre de un cuadro de salud terminal, lo que ha llevado a la conformación de una Junta Médica encargada de evaluar su estado físico. Esta junta ha sido convocada tras la audiencia realizada a mediados de agosto, donde el tribunal decidió intervenir ante la solicitud de la defensa.

Los asistentes a la marcha también hicieron hincapié en la importancia de que la fiscalía y la querella, representada por el Consejo Provincial de la Mujer, han manifestado su rechazo a la petición de prisión domiciliaria, lo que muestra una unidad en la lucha por la justicia y la protección de las mujeres en la región.

Otro de los aspectos que inquieta a los manifestantes es el posible destino de Romero en caso de que se le conceda la detención domiciliaria. Se ha mencionado que podría establecer su residencia en el barrio Malvinas, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad de la comunidad. Maráz advirtió sobre el riesgo que representaría esta situación, aludiendo a la necesidad de mantener a los agresores en prisión para proteger a las víctimas y evitar que se repitan hechos de violencia.

El expediente se encuentra en espera del dictamen definitivo del equipo médico oficial, que será determinante para que el juez a cargo tome una decisión sobre si Romero debe continuar cumpliendo su condena en el penal o si se le otorgará el beneficio de la prisión domiciliaria. Esta situación refleja la tensión existente entre el derecho a la justicia y la necesidad de una evaluación adecuada de los casos de violencia de género.