La investigación busca determinar cómo se desarrollaron las operaciones que habrían provocado un perjuicio estimado en $6.931 millones.
Los abogados de los tres detenidos en la causa por el presunto desfalco en Fürth Automotores participaron ayer de la apertura de más de 50.000 correos electrónicos correspondientes a las cuentas utilizadas por el personal de la firma. La medida forma parte de las tareas de recolección y análisis de evidencia dispuestas en el marco de la investigación judicial.
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Entre los detenidos que estuvieron presentes durante el procedimiento se encontraba Gerardo Caro, exgerente de la concesionaria, quien es representado por los abogados Carla Saad y Guillermo Ruiz Alvelda. También fueron detenidos Matías Llado y Graciela Moyano, cuyos abogados participaron de las medidas vinculadas con la causa.
La investigación comenzó el 15 de julio y procura establecer el mecanismo mediante el cual se habrían producido las irregularidades detectadas en las operaciones comerciales y administrativas de la empresa.
En paralelo, la Fiscalía comenzó a tomar declaraciones a empleados administrativos de Fürth Automotores. Los testimonios buscan aportar información sobre el funcionamiento interno de la firma, los procedimientos utilizados para registrar operaciones y la intervención de los distintos sectores en las transacciones investigadas.
Además, contadores y otros profesionales continúan con el análisis de documentación y operaciones realizadas durante los últimos años. Las tareas incluyen la revisión de movimientos comerciales y administrativos con el objetivo de determinar el alcance del perjuicio económico y las responsabilidades que pudieran corresponder.
De acuerdo con lo informado en la causa, el presunto perjuicio económico ascendería a $6.931.000.000. Entre las situaciones que son objeto de análisis se encuentran pagos que no habrían sido acreditados en los sistemas de la empresa, movimientos de dólares hacia entidades financieras, operaciones correspondientes a vehículos entregados a clientes sin la documentación respaldatoria completa y diferencias en el stock de unidades.
La querella, encabezada por Marcelo Sgoifo, solicitó que se profundice la investigación y que se analice la posible participación de otras personas. En ese sentido, planteó la posibilidad de que los hechos pudieran encuadrarse en una asociación ilícita, aunque esa hipótesis deberá ser evaluada por la Fiscalía y eventualmente definida por la Justicia.
Sgoifo también pidió que se investigue el patrimonio de Caro y Llado, en el marco de las medidas destinadas a determinar el destino de los fondos que estarían vinculados con las operaciones bajo investigación.
Por su parte, las defensas de los detenidos sostienen su inocencia y cuestionan las acusaciones formuladas en su contra.
En las últimas semanas también se produjeron acusaciones cruzadas entre Caro y Llado. El exgerente sostuvo que Llado habría contado con margen para realizar operaciones irregulares, mientras que el exjefe de Ventas lo acusó de intervenir en la registración de operaciones y de haber beneficiado a su esposa con un vehículo, además de señalar la existencia de un supuesto saldo incorrecto en la contabilidad.
La apertura y análisis de los más de 50.000 correos electrónicos constituye ahora una de las principales medidas de prueba. Su contenido será incorporado a la investigación y deberá ser analizado por los investigadores para establecer si permite determinar responsabilidades individuales, reconstruir operaciones y precisar el mecanismo mediante el cual se habría producido el perjuicio denunciado.