Asimismo, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó penas de entre 4 y 14 años de cárcel para otros cinco miembros de la policía tucumana y para un civil por encubrir ambos hechos.
Un fiscal federal de Tucumán pidió que sean condenados a prisión perpetua cuatro policías acusados del crimen de Luis Armando Espinoza, el trabajador rural asesinado en 2020 en pleno aislamiento por la pandemia tras un operativo en la localidad de Simoca, y de la privación ilegítima de la libertad de su hermano, informaron hoy fuentes policiales.
Asimismo, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó penas de entre 4 y 14 años de cárcel para otros cinco miembros de la policía tucumana y para un civil por encubrir ambos hechos.
Según el portal del Ministerio Público Fiscal (fiscales.gob.ar), durante su alegato, Camuña se refirió al hecho como “un caso grave de violencia institucional porque en su centro hay una ejecución sumaria o arbitraria o extrajudicial realizada por policías de la provincia de Tucumán”.
“Abusando de sus funciones y sin demostrar un atisbo de humanidad, además de matar por la espalda a Espinoza, una persona indefensa, decidieron ocultar su cuerpo sin vida a las autoridades y a sus seres queridos, generando con ello un profundo daño en su familia y su entorno comunitario, además de una enorme conmoción social”, indicó el informe.
En ese marco, el fiscal Camuña solicitó que el oficial auxiliar José Alberto Morales sea condenado a prisión perpetua como autor material penalmente responsable del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía”, y como coautor de la “privación ilegítima de la libertad” de Juan Antonio Espinoza, “agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia”.
El representante del Ministerio Público Fiscal requirió también la pena máxima por los mismos delitos, pero en calidad de partícipes necesarios del homicidio, para el subcomisario Rubén Héctor Montenegro, el agente Gerardo Esteban González Rojas y el cabo Claudio Alfredo Zelaya. El fiscal consideró a la cabo primero Mirian Rosalba González partícipe secundaria de dichos delitos, por lo que pidió que sea condenada a catorce años de prisión.
Por otro lado, Camuña pidió diez años de cárcel para el sargento Víctor Manuel Salinas y el cabo primero José María Paz, por considerarlos coautor material y partícipe secundario, respectivamente, de la “privación ilegal” de Juan Espinoza, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones y violencia,; y como autores del “encubrimiento agravado por ser el delito previo especialmente grave y ser funcionario público en concurso real”.
Asimismo, el fiscal requirió siete años de prisión para el agente Carlos Lisandro Romano por los mismos delitos atribuidos al sargento Salinas.
Mientras que en el caso del sargento primero René Eduardo Ardiles solicitó seis años de cárcel por dichos delitos, pero en calidad de partícipe secundario.
Por último, la acusación pidió cuatro años de prisión para el civil Héctor Villavicencio –que se habría desempeñado como vigía comunal- como partícipe necesario de los delitos mencionados.
Además, el fiscal solicitó que se mantengan las prisiones preventivas de los imputados por el plazo de nueve meses desde dictada la sentencia, o hasta la confirmación del veredicto por la Cámara Federal de Casación Penal.
El juicio oral y público comenzó el 24 de octubre y está a cargo del Tribunal Oral Federal de Tucumán, integrado por los jueces Enrique Liljedahll, Jorge Basbus y Carlos Jiménez Montilla.
A lo largo de veintiún audiencias declararon 72 testigos y se realizaron inspecciones oculares en los lugares en donde se produjeron los hechos.
Espinoza fue atacado el 15 de mayo de 2020, en pleno Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno nacional por la pandemia de Covid19, por la Policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado por un barranco envuelto en bolsas de plástico.
Los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.