El proceso comienza este jueves a las 9 en La Plata y definirá si la magistrada será destituida o continuará en su cargo. Está acusada de haber autorizado la filmación de un documental durante el debate oral.
Este jueves a las 9 comenzará en La Plata el juicio político contra la jueza Julieta Makintach, señalada por haber cometido irregularidades durante el juicio por la muerte de Diego Maradona y por autorizar la filmación de un documental sobre el proceso judicial, titulado Justicia Divina.
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El jury de enjuiciamiento se desarrollará en la sala de juicio del subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense y será presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. El tribunal estará integrado por cinco legisladores y cinco abogados conjueces elegidos por sorteo, quienes definirán si Makintach —actualmente suspendida por la SCBA— es destituida o reincorporada a su cargo.
La acusación estará encabezada por Analía Duarte, fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, en representación de la Procuración bonaerense. En tanto, los impulsores del jury son el Colegio de Abogados de San Isidro y el letrado Gastón Marano, abogado del ex custodio de Maradona, Julio César Coria, detenido por falso testimonio durante el juicio en el que Makintach había intervenido.
El defensor de la jueza, Darío Saldaño, presentó varios reclamos previos para frenar el proceso y aún evaluaba si reducir la lista de testigos, que en total alcanza 69 nombres: más de la mitad corresponden a la acusación, mientras que 13 declararán en defensa de Makintach y otros cinco son compartidos. Entre estos últimos se destacan Dalma y Giannina Maradona, así como los abogados Julio Rivas y Nicolás D’Albora, defensores de Leopoldo Luque y Nancy Forlini, respectivamente.
Entre los testigos clave también figura José Arnal, propietario de la productora La Doble S.A., responsable del film Justicia Divina. En una causa penal paralela que se tramita en San Isidro, Arnal declaró que Makintach “conocía el contenido del proyecto y estaba absolutamente de acuerdo con su realización”.
En ese expediente, la magistrada está imputada por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Tras las cinco audiencias previstas, el tribunal tendrá cinco días para deliberar y emitir un veredicto, que será leído en una audiencia pública.