Tras la derrota en el Senado, el Gobierno puso bajo revisión los proyectos de Sturzenegger

La derrota parcial que sufrió el Gobierno en el Senado durante el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada generó consecuencias inmediatas dentro del oficialismo y obligó a revisar la forma en la que se elaboran y envían los proyectos al Congreso.

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En ese contexto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una reunión de la mesa política en la Casa Rosada a la que fue convocado, por primera vez, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El encuentro dejó una definición interna clara: las iniciativas impulsadas por el ministro deberán contar, de ahora en adelante, con un análisis político previo antes de ser enviadas al Congreso.

La decisión llegó después de una sesión en el Senado que expuso las dificultades del oficialismo para sostener el texto original de uno de sus proyectos.

Durante el debate de la semana pasada, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, debió retirar dos capítulos centrales del proyecto para evitar que la iniciativa quedara completamente bloqueada.

Uno de ellos proponía modificaciones a la ley de Tierras, con cambios que buscaban flexibilizar las restricciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros. El otro estaba vinculado al régimen de Manejo del Fuego.

Finalmente, el Senado avanzó con una versión más reducida de la iniciativa, centrada en las restricciones a la expropiación estatal, la agilización de los desalojos y la digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble.

Dentro del Gobierno, el resultado fue interpretado como una señal de alerta. Aunque el proyecto consiguió avanzar, el oficialismo debió resignar parte de los puntos que consideraba centrales.

La discusión interna no se limitó al resultado de la votación. También surgieron cuestionamientos sobre la forma en la que se preparan algunas de las iniciativas.

Según trascendió, el proyecto de modificación de la ley de Tierras no habría atravesado una instancia de análisis político antes de su difusión, lo que generó malestar entre sectores del oficialismo y legisladores.

Las críticas también alcanzaron al decreto 690/2026, mediante el cual Sturzenegger impulsó cambios en los servicios de practicaje y pilotaje en los puertos, una medida que derivó en un paro y generó pérdidas para el sector.

A partir de ahora, el objetivo de la mesa política será evitar nuevos conflictos parlamentarios y ordenar las prioridades legislativas del Gobierno.

La reunión, que se extendió durante casi tres horas, sirvió para reorganizar el calendario y definir cuáles serán los proyectos que el oficialismo buscará impulsar en las próximas semanas.

Entre las principales prioridades aparece la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada por el presidente Javier Milei como uno de los proyectos centrales de su agenda.

También figura la nueva versión de Inocencia Fiscal 2, que obtuvo dictamen en comisión y que el oficialismo pretende llevar al recinto de Diputados el 26 de agosto.

A esta agenda se suman la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos y el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur.

En la Cámara alta, el Gobierno también busca avanzar con una reforma política que contemple la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La intención oficial es llevar el debate al Senado durante septiembre, aunque la iniciativa todavía enfrenta resistencias, incluso dentro de algunos espacios considerados aliados.

Otro de los proyectos que permanece a la espera es Zonas Frías, que ya cuenta con media sanción de Diputados, pero todavía no tiene una fecha definida para su tratamiento en el Senado.

En cambio, otras iniciativas, como el Súper RIGI, la reforma de la Ley de Salud Mental, modificaciones a la Ley de Sociedades y el proyecto sobre ludopatía, continúan sin un cronograma concreto.

El nuevo esquema de prioridades también dejó en espera otras propuestas del Ejecutivo.

Uno de los casos es el denominado proyecto de Ley de Hojarasca, que busca modificar o derogar cerca de 70 leyes. La sesión del Senado en la que iba a ser tratado fue desactivada y, por el momento, no tiene una nueva fecha confirmada.

En la mesa política también se resolvió dar prioridad a una iniciativa vinculada con la reforma del mercado de capitales, mientras que los proyectos que todavía no ingresaron formalmente al Congreso deberán esperar una etapa posterior.

Pese a los cambios internos, el presidente Javier Milei salió públicamente a respaldar a Federico Sturzenegger.

Desde el Gobierno también remarcaron que el ministro conserva el apoyo del Ejecutivo. Sin embargo, la reunión en la Casa Rosada dejó en evidencia una modificación en el funcionamiento político: Sturzenegger fue convocado para participar del encuentro y sus futuras iniciativas deberán atravesar una instancia de coordinación antes de avanzar en el Congreso.

Mientras el oficialismo intenta ordenar su agenda parlamentaria, uno de los pocos sectores que mantiene un ritmo sostenido es el de las designaciones judiciales.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, informó que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos judiciales al Senado durante el último año, una cifra récord desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994.

De ese total, 103 ya fueron aprobados en dos sesiones, con 74 designaciones avaladas el 4 de junio y otras 29 el 16 de julio.

Tras el traspié legislativo en el Senado, el Gobierno busca ahora reducir las tensiones internas, ordenar sus proyectos y evitar que nuevas iniciativas lleguen al Congreso sin el respaldo político necesario para garantizar su avance.