Durante una audiencia deberá establecerse si el empresario vinculado a múltiples estafas sigue preso o es excarcelado.
La Justicia debatirá hoy el futuro inmediato de Ramiro Petros, detenido desde enero pasado y sospechado de haber cometido estafas millonarias vinculadas con la venta de vehículos y el uso de cheques sin fondos.
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La audiencia comenzará a las 8.30 y será presidida por el juez de Control y Garantías, Héctor Salomón. Frente a frente estarán la fiscal Luciana Jacobo y el abogado defensor de Petros, César Turk.
En mayo pasado, el juez Salomón había confirmado la prisión preventiva del imputado y mantenido el beneficio de la prisión domiciliaria en un departamento ubicado en la esquina de Belgrano y Rivadavia, propiedad de su pareja, Moira Curi.
Sin embargo, en julio se produjo un incendio en el edificio, situación que llevó al magistrado a revocar la prisión domiciliaria. Petros fue trasladado inicialmente a la Seccional Primera y posteriormente al Centro Único de Detenidos, donde permanece alojado.
Pedido de libertad
En las últimas horas, la defensa presentó un pedido para que se disponga el cese de la prisión preventiva, argumentando que los plazos establecidos para la medida ya habrían expirado.
Ese planteo será uno de los principales puntos de discusión durante la audiencia. La Fiscalía, en tanto, solicitaría una prórroga de la prisión preventiva al considerar que la investigación por las presuntas estafas todavía se encuentra en curso.
La defensa sostendría que Petros puede afrontar el proceso en libertad y que no existe intención de entorpecer la investigación. Como alternativa, Turk plantearía que su representado cumpla las condiciones que determine el magistrado, incluso mediante la colocación de una tobillera electrónica.
Se prevé una audiencia extensa, con la presencia de Petros en el recinto, en la que ambas partes expondrán sus argumentos antes de que el juez resuelva sobre la continuidad o no de la medida de coerción.
Petros había sido detenido en Buenos Aires, luego de arribar desde Estados Unidos, y posteriormente fue trasladado a Santiago del Estero. La causa se inició a partir de denuncias de varias personas, quienes aseguran haber sufrido perjuicios económicos y reclaman la devolución de sumas que alcanzarían varios millones de pesos.