Juez rechaza sobreseimiento de policías acusados de violencia en Salta

El juez Martín Pérez, perteneciente al Distrito Centro de Salta, tomó una decisión crucial al rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas de tres policías acusados de vejaciones calificadas y lesiones graves. Esta resolución se produjo durante una audiencia multipropósito del Plan de Oralidad.

Los hechos que ahora son objeto de investigación se remontan a marzo de 2019, en las cercanías del barrio Boulogne Sur Mer, ubicado en la zona sudeste de Salta. Según la denuncia, los efectivos policiales interceptaron a un hombre que se encontraba en la vereda consumiendo bebidas alcohólicas, lo subieron a un móvil policial y lo trasladaron al barrio Democracia, donde supuestamente lo golpearon, causándole lesiones graves.

Durante la audiencia, los abogados defensores de los tres imputados, de 50, 45 y 39 años, solicitaron el sobreseimiento, argumentando que había una prolongación injustificada del proceso y que la acción penal presentaba inconsistencias. Además, uno de los policías enfrenta cargos en un caso acumulado correspondiente a un incidente de 2021.

El juez, tras un cuarto intermedio, desestimó la solicitud de sobreseimiento, argumentando que no era pertinente finalizar la acción penal en este momento. Señaló que las diligencias realizadas habían sido suficientes y se habían llevado a cabo dentro de un plazo razonable, considerando también los periodos afectados por la pandemia.

El Ministerio Público estuvo representado por el auxiliar fiscal Álvaro Moreno Valdez, mientras que la defensa fue asumida por las abogadas Celeste Barboza y Carmen Céspedes. Este caso ha generado un considerable interés en la comunidad, dado el impacto que tiene en la percepción pública sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

La decisión del juez Martín Pérez marca un hito significativo en el proceso judicial, subrayando la importancia de mantener la responsabilidad y la transparencia en el accionar policial. La audiencia ha puesto de relieve la necesidad de una revisión continua de los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad, especialmente en situaciones donde se alegan abusos de poder.