De esas víctimas, 35 fueron asesinadas, 22 murieron por “negligencia” (no se les suministraron los medicamentos necesarios) y 12, por “causa no determinada.
Decenas de personas murieron en El Salvador bajo custodia del Estado tras ser detenidas en el contexto del régimen de excepción (estado de sitio) que rige desde marzo pasado, según un informe oficial y otro privado divulgados hoy.
Entre el 27 de marzo y el 4 de este mes fallecieron 69 personas en diversas cárceles del país, según un estudio del Instituto de Medicina Legal (IML), que depende de la Corte Suprema de Justicia.
De esas víctimas, 35 fueron asesinadas, 22 murieron por “negligencia” (no se les suministraron los medicamentos necesarios) y 12, por “causa no determinada”, según el diario local La Prensa Gráfica.
El informe subrayó que “casi todos eran personas capturadas bajo el régimen de excepción y de las cuales la Policía Nacional Civil (PNC) solo había informado que ocho tenían vínculos con pandillas” mientras “el resto estaba bajo investigación”.
Mientras tanto, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas informó que computó 59 muertos bajo custodia del Estado desde la vigencia del régimen de excepción.
“Hemos contabilizado 59 víctimas, el 100% de ellas corresponden al género masculino”, afirmó la vocera del OUDH, Natalia Ponce Rubio, en conferencia de prensa, según la agencia de noticias Sputnik.
Asimismo, el OUDH detectó también 306 casos de tortura y otros tratos crueles, según el coordinador general del observatorio, Danilo Flores.
El Salvador está bajo régimen de excepción desde fines de marzo, en el contexto del combate a las pandillas (bandas criminales) dispuesto por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La medida fue adoptada luego de que en el fin de semana del 25 al 27 de marzo fueran asesinadas 88 personas, la cantidad más alta de víctimas de la violencia en décadas.
El régimen de excepción permitió suspender derechos constitucionales, aumentar el tiempo de detención sin cargos de tres a 15 días y vigilar las comunicaciones de los ciudadanos sin orden judicial.
Aunque inicialmente iba a durar 30 días, la medida excepcional fue sucesivamente prorrogada por períodos similares; la última vez, el 19 de julio.
En el contexto de su vigencia hubo más de 46.600 detenidos y miles de denuncias de violación de derechos humanos, según la televisora alemana Deutsche Welle.