La aplicación sueca aseguró que a partir de 1 de enero de 2024 comenzará a dejar gradualmente el Uruguay.
La aplicación de música por streaming sueca, Spotify, dejará Uruguay a partir de febrero del año que viene y comenzará gradualmente a dejar de prestar servicios a partir del 1 de enero de 2024 debido a la aprobación de los dos artículos en la Rendición de Cuentas que no lo favorecen. Spotify adelantó que a partir del año que viene comenzará a dejar de prestar servicios de manera gradual- “Ante la falta de claridad sobre los cambios en las leyes de derechos de autor incluidos en la Ley de Rendición de Cuentas 2023 [...], Spotify lamentablemente comenzará a eliminar gradualmente su servicio en Uruguay a partir del 1° de enero de 2024 y cesar completamente el servicio en febrero, en detrimento de artistas y fans”, establece el comunicado de la aplicación. “Spotify ya paga cerca del 70% de cada dólar que genera de la música a las discográficas y editoras, dueñas de los derechos de la música, y quienes representan y pagan a artistas y compositores. “Cualquier pago adicional haría que nuestro negocio fuera insostenible”, agrega el comunicado. En tanto, el comunicado concluye que estos cambios podrían obligar a Spotify a pagar dos veces por la misma música harían que nuestro negocio de conectar artistas y fans fuera insostenible. Por eso, aseguraron que “lamentablemente no nos deja otra opción que dejar de estar disponible en Uruguay”. Las modificaciones que se propusieron en la rendición de cuentas por las cuales reclama Spotify tienen que ver con dos artículos: el 284 y el 285. El primero se basa en que se agregaron las redes sociales y el internet como otros de los formatos por los cuales, si se reproduce una canción, el intérprete tiene derecho a una retribución económica. Por otro lado, la modificación del artículo 285 propone que “los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales” tienen el derecho a una justa y equitativa remuneración.