En el marco de la causa que investiga la presunta extorsión de grupos piqueteros a beneficiarios de planes sociales, efectivos de la Prefectura Naval desplegaron este miércoles un procedimiento en cooperativas ubicadas en zona sur.
Efectivos de la Prefectura Naval allanaron a 24 sedes de organizaciones sociales en la zona sur del conurbano. Este procedimiento se llevó a cabo en el marco de la causa que investiga denuncias contra grupos piqueteros por “extorsión y otros delitos” a beneficiarios de planes sociales que aseguran haber sido obligados a participar en marchas y piquetes.
Durante los allanamientos que se realizaron en comedores y merenderos, ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, la Justicia encontró alimentos vencidos y en mal estado. Asimismo, también se hallaron computadoras, celulares, armas de fuego, marihuana y dinero en efectivo.
Con respecto a los alimentos que ya no están aptos para el consumo, fueron encontrados en sedes del Movimiento Teresa Rodríguez, por lo que el juez ordenó su secuestro y notificación al área de bromatología de la provincia bonaerense, según informó Clarín. Por otra parte, se notificó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, por la comida en buen estado.
En relación con el resto de los hallazgos, la Prefectura encontró un revólver calibre 22 milímetros, una réplica de 9 milímetros, casi $500.000 en efectivo y una serie de documentos, entre los cuales había anotaciones y planillas de asistencia. Estos elementos se aportarán al expediente de la investigación.
Tras el operativo, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó los hallazgos a través de su cuenta de X. “Comedores, merenderos y depósitos repletos de alimentos vencidos que las distintas agrupaciones recibieron del Estado para entregar a los más vulnerables y no lo hicieron. ¡Una vergüenza total y absoluta!”, escribió. Y añadió: “Los delincuentes de la pobreza, los intermediarios que se aprovechan de los más vulnerables, no tienen más poder”.
La investigación, que comenzó en abril tras denuncias recibidas a través de la línea 134, comienza a arrojar luz sobre prácticas coercitivas supuestamente utilizadas por estas agrupaciones para garantizar la asistencia a sus marchas: muchos denunciantes manifestaron ser amenazados con perder los beneficios de quienes reciben el plan Potenciar Trabajo si no se sumaban a las movilizaciones.