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Octubre de 2024
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Opinión y Actualidad

Qué hay detrás de la pelea Gobierno-Universidad

En esta eterna pelea por más fondos hemos perdido de vista el verdadero problema que enfrentamos: carecer de una mirada estratégica.

02/10/2024

Por Marcelo Rabossi
Para Clarín

Las tensiones entre Universidad y Estado provienen de larga data. La más sustantiva y que a su vez generará un cambio copernicano en la relación entre ambas entidades da comienzo a fines del XIX.

Las tres universidades nacionales existentes al momento, UBA, La Plata y Córdoba -Tucumán y Litoral aún eran provinciales-, coordinan un conjunto de acciones a fin de independizarse de la excesiva tutela del Estado. La ansiada autonomía es lograda en la ciudad de Córdoba en lo que se conoce como la Reforma Universitaria (1918).

Revanchas e intervenciones que le arrebatan la ganada autonomía se sucedieron en el tiempo, tanto en períodos democráticos como durante dictaduras militares. Consecuencia de la puesta en práctica de la Ley Guardo, sancionada durante el primer mandato del presidente Perón (1947), los Rectores pasaron a ser elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional. En 1966, durante la dictadura del general Onganía, se intervienen las universidades de manera violenta a partir de la conocida Noche de los Bastones Largos.

Hoy, el Gobierno y la Universidad vuelven a enfrentarse. Las acusaciones se cruzan. Esta última le recrimina al primero el querer debilitarla y privatizarla a través del ahogo financiero. Mientras tanto, el Gobierno la acusa de ineficiente, ideologizada y turbia en su rendición de cuentas.

Al momento de la Reforma del ‘18, las universidades contaban con unos 10.000 estudiantes para una población que sumaba 7,9 millones según el censo nacional de 1914. Dichas cifras nos entregan aproximadamente 1,3 alumnos por cada 1.000 personas. Cuando se logra la gratuidad universitaria -primer mandato presidencial de Perón (1949)-, tal relación alcanzó 4,5. Hoy supera los 43.

En términos económicos, según el Banco Mundial, en 1960 Argentina producía 1,4% de la riqueza mundial. Hoy, 0,6%. Durante el mismo período, el PIB de Brasil se multiplicó por 10 y el nuestro por menos de 4. Cada día somos relativamente más pobres mientras intentamos educar a un mayor número de alumnos, pero sin eficiencia alguna. Durante 2022, los recursos públicos destinados a las 61 universidades nacionales representaron el 0,68% del PIB. Con el recorte que se experimentará en 2024 y que se extenderá durante 2025, posiblemente apenas supere el 0,5%.

El retroceso es preocupante dado que para mantener el nivel de gasto por docente equivalente de dedicación exclusiva -dos semi-exclusivas o cuatro simples- a niveles de fines de los 1990, el presupuesto debería al menos duplicarse en términos del PIB.

Una quimera, dado que solo las naciones con gran capacidad fiscal como Finlandia, Francia y los Países Bajos, por ejemplo, superan el 1%. Por otro lado, quienes lo alcanzan o van más allá -Australia, Gran Bretaña, Chile, Brasil e Israel, por ejemplo, lo logran a partir del aporte privado.

Sin embargo, a pesar de la cruda realidad económica que nos atraviesa, no ha sido tema de discusión la búsqueda de fondos alternativos -no necesariamente el arancelamiento tradicional- ni un uso más eficiente de los recursos humanos, edilicios y financieros de una institución que supera los dos millones de estudiantes para graduar apenas un poco más de 98.000 profesionales por año.

En lo referente a la rendición de cuentas, no todas las universidades nacionales publican sus balances y estados de resultados a la vez que no realizan los debidos censos de estudiantes y docentes en tiempo y forma.

Asimismo, ¿cuántas instituciones cumplen con el requisito de concursar al 70% de sus docentes según lo especificado por la ley de educación superior? Pocas. Dejando al desnudo su ineficiencia, las condiciones de regularidad que imponen a sus alumnos son verdaderamente laxas. Más del 50% se re-inscribe habiendo aprobado solo una o ninguna materia. Así, la Universidad se asemeja a una gran playa de estacionamiento.

Séneca, filósofo, escritor y orador romano nacido en 4 A.C, concluía que “una discusión prolongada es un laberinto en el que la verdad siempre se pierde”.

Ocurre que en esta eterna pelea por más fondos hemos perdido de vista el verdadero problema que enfrentamos: carecer de una mirada estratégica que se alinee a un sendero de crecimiento y desarrollo de país. Y dicha mirada nos debería llevar a pensar el sistema de educación superior como un todo integrado.

El país cuenta con más de 2.000 institutos terciarios que forman a la amplia mayoría de los docentes de escuela y a su vez ofrecen carreras técnicas. Estos, si bien son responsabilidad provincial, deberían jerarquizarse e integrarse junto al sistema universitario en una suerte de sinergia productiva, cumpliendo ambos los requisitos de pertinencia, calidad y cantidad de graduados.

Un sistema inteligente no abre universidades sin ton ni son, sino que se aboca a solucionar problemas complejos de manera eficiente y permite que dialoguen sus componentes tomando en cuenta las limitaciones que enfrenta.

Si bien es cierto que el aparato científico ha disminuido su producción -en los últimos 25 años la cantidad de publicaciones con base Scopus ha retrocedido en términos relativos a Brasil, Colombia, Chile y México-, y en su conservadora pereza la universidad mantiene rasgos del pasado a la vez que gradúa menos profesionales que Chile, el Estado, en su amenaza de dejar librado solo al mercado la producción de bienes sociales como la educación y la ciencia, sólo logrará profundizar el atraso.

Recordemos que la racionalidad individual que impone el mercado, según John Elster, muchas veces conduce a resultados colectivos desastrosos, más allá de si las preferencias individuales resultan racionales o no.