La causa también indaga un misterioso viaje a Buenos Aires, un poder general sospechoso y operaciones millonarias que podrían encuadrarse como usura.
Una decena de cheques por un monto cercano a los $40.000.000 será peritada por la Justicia en el marco de la causa que se sigue contra la contadora María Soledad Castelli, investigada por presunta usura y libramiento de cheques sin provisión de fondos. La fiscal a cargo, Celia Mussi, también analiza un viaje realizado por la imputada a Buenos Aires junto a dos personas de su entorno.
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La investigación se inició a partir de la denuncia de Carlos Rubén Sebastián Silva, quien afirmó haber entregado a Castelli aproximadamente $136.000.000 tras recibir supuestas garantías patrimoniales y referencias personales. Según la fiscal, Castelli habría entregado cheques que fueron rechazados en su mayoría por falta de fondos o por provenir de cuentas con antecedentes de rechazos. Entre ellos figuran cheques por $13.500.000 y $17.000.000. Las pericias sobre estos documentos ya fueron ordenadas por el Departamento de Delitos Económicos.
En el expediente también figura un “poder general para administración y disposición” incautado a Castelli, elaborado por un notariado céntrico y firmado por una expareja de la contadora. Ese documento habría sido utilizado en operaciones comerciales de gran volumen, como ventas de ganado dentro y fuera de la provincia, incluida Tucumán. Asimismo, la fiscal investiga un Formulario 08 correspondiente a un vehículo Mercedes-Benz cuya transferencia ya estaba concluida, lo que lo convertía en una garantía inválida.
Mussi solicitó informes a entidades bancarias para determinar la situación de los cheques antes de ser endosados y el momento en que quedaron sin fondos. Además, el equipo investigador prepara citaciones a profesionales que habrían intervenido en operaciones realizadas por Castelli.
La defensa de la contadora, representada por los abogados Sergio y Miguel Brandán, no descarta solicitar arresto domiciliario. Castelli fue detenida recientemente durante un allanamiento ordenado por el juez Darío Alarcón. Al presentarse ante la Fiscalía, se abstuvo de declarar e informó que previamente había denunciado a Silva por amenazas. Tanto Castelli como Silva se acusan mutuamente por este tipo de conductas.
La fiscalía investiga si las operaciones realizadas por Castelli encuadran en préstamos usurarios. De acuerdo con los investigadores, la imputada habría actuado junto a un grupo de colaboradores presentando supuestas oportunidades de inversión con retornos inmediatos. Silva sostiene que entregó dinero bajo estas condiciones y recibió únicamente cheques sin fondos. Los investigadores también intentan establecer el propósito del viaje a Buenos Aires realizado por Castelli en medio del conflicto con el denunciante.
La causa continúa con análisis de documentación, evaluación de los cheques y toma de declaraciones para determinar la naturaleza de las actividades realizadas por Castelli y las personas vinculadas a ella.