Hoy tenemos nuevas formas de organización del trabajo, más flexibles, que cuesta mucho etiquetar dentro de la estructura rígida del contrato de trabajo tradicional.
Por Horacio Bueno, en diario Clarín
La realidad suele anteceder a la norma escrita y el mundo laboral no es la excepción. Hoy tenemos nuevas formas de organización del trabajo, más flexibles, que cuesta mucho etiquetar dentro de la estructura rígida del contrato de trabajo tradicional.
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Los números son contundentes: hace años que disminuye la demanda de mano de obra ocupada en el mercado formal y aumenta la del mercado informal. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires la informalidad laboral entre asalariados ronda el 28%.
Ahora bien, ¿es posible explicar por qué sucede este fenómeno?
Spoiler: no se debe a una cuestión conductual o cultural del ADN argentino, ni se debe a un ánimo desmedido de lucro por parte de los empresarios, como suele justificarse. Desde mi punto de vista, existe otra explicación.
Un sistema normativo tiene por finalidad incentivar a los ciudadanos a actuar acorde a ciertos criterios establecidos, a ciertos principios generales o morales, que son receptados de antemano por el legislador.
La herramienta que posee para lograr la adecuación es la sanción, tanto civil como penal. Pero esa amenaza de sanción produce efectos distintos: algunos cumplen para evitarlas y otros no lo hacen y asumen el riesgo de soportarlas. Esto sucedió con la ley de empleo que, a pesar de contar con multas muy elevadas, no colaboró en nada a disminuir el trabajo en negro.
Los sujetos respondemos a incentivos. Nuestras elecciones no son producto de un comportamiento errático, sino que son una respuesta racional a los premios o castigos asociados a una determinada decisión.
Si partimos de la base de que las normas jurídicas son reglas de conducta, entonces es posible considerarlas como conjuntos de incentivos para lograr un determinado comportamiento por parte de los destinatarios.
La ley actual no está funcionando porque no logra generar los incentivos suficientes para los nuevos vínculos laborales. No se está generando empleo de la manera que el legislador imaginó con su criterio y eso, a su vez, da base a un sistema previsional muy golpeado.
El actual régimen regulatorio del mercado de trabajo protege expulsando. Y aunque es cierto que hoy la ley laboral es muy estricta para determinadas relaciones, a su vez el código civil es muy laxo.
El desafío es diseñar un ordenamiento jurídico que dé a los sujetos laborales incentivos eficientes. Por eso, la discusión sobre la reforma laboral es inescindible de la discusión sobre la reforma tributaria: es imposible promover la generación de empleo formal si los costos laborales argentinos siguen siendo tan elevados.
Desde el Gobierno de la Ciudad impulsamos la puesta en funcionamiento del Fuero Laboral local, que se sancionó en la Legislatura en diciembre del año pasado. Con el fuero vamos a poder atender los conflictos locales, acelerar los litigios y desarticular la denominada industria del juicio.
Para reformar el sistema debemos darnos la oportunidad de invitar a las partes, bien representadas, en igualdad de condiciones, en un marco de libertad e información recíproca, a que diseñen las cláusulas de un nuevo contrato. Sin diálogo no hay modernización posible, porque cada decisión impuesta tiene un reverso que debe ser atendido y escuchado para prevenir conflictos futuros.
El mundo cambió, el paradigma de las relaciones laborales cambió; es hora de que nuestras normas e instituciones también cambien. Todos los que formamos parte del mundo del trabajo podemos -y debemos- tener un rol activo en este nuevo ordenamiento.