Firmas Por Domingo Schiavoni

Las estatizaciones energéticas en la primera Argentina peronista

Cuenta una anécdota de los primeros años del peronismo que cuando en General Juan Perón inició la nacionalización de los servicios públicos, hasta entonces manejados por la extranjería y gerenciados por su socia local, la oligarquía angloportuaria, en una reunión social se acercó al líder en forma disimulada al líder el doctor Raúl Scalabrini Ortiz y le preguntó al oído: “¿Y los trencitos para cuándo, Mi General?”. Perón le sonrió generoso y dicen que le respondió: “Tranquilo, Raulito, todo tiene su tiempo”.

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- El historiógrafo peronista Lic. Diego Carbone, analizando la polémica que desató el proyecto de estatización de YPF y la eventual renacionalización de Repsol, recuerda que si algo caracterizó a la política económica del peronismo en su etapa inicial fue la nacionalización de los servicios públicos. Discutida y atacada duramente por la oposición, esa política sin embargo fue llevada adelante con una firme decisión. Con el correr de los años, lo que más se le ha criticado al peronismo han sido los resultados concretos de esa nacionalización de servicios públicos, pues éstos incrementaron los gastos del Estado en forma desproporcionada y deterioraron en casi todos los casos la calidad de las prestaciones. Los trenes comenzaron a bajar la calidad de sus prestaciones, no había tecnología suficiente en el país como para sostenerla, la gente se quejaba todos los días de que viajaba peor que antes. Pero en el momento de ponerse en marcha aquella política lo que más se discutía era la forma en que se hacían las negociaciones con las compañías extranjeras, a las que se concedió un tratamiento que irritaba a los opositores, porque se pagaban indemnizaciones consideradas excesivas.

Hoy la noticia excluyente fue que es muy probable que se volatilicen los 46.000 millones de dólares de reserva del Banco Central, si el CIADI accede a la demanda resarcitoria de España, que exige un promedio de 48.000 millones en concepto de resarcimiento por la cancelación de la concesión a Repsol, incluyendo el parque de ocho aeronaves de gran porte que el gobierno argentino cedió en la concesión y que pasarán, sin duda alguna, a ser propiedad estatal. Todo esto aunque el viceministro de Economía haya anunciado el martes pasado que se le descontarán multas, demandas e incumplimientos a Repsol, por lo cual esa cifra (hay que ver el criterio del CADI) podría disminuir drásticamente.

En el primer gobierno de Perón, toda esa política de nacionalización de servicios públicos excluyó a la única empresa en situación próspera, la CADE, cuyos intereses fueron respetados. Perón había entrado en negociaciones con la CADE en 1944, cuando esta empresa se dedico a “persuadir al presidente Farrell para que desistiera de nacionalizar los servicios eléctricos”. (Farrell quería celebrar el primer aniversario del golpe militar de 1943 firmando un decreto que resolvía “recuperar para el Estado los bienes mal habidos por la CADE”.) Manteniendo intacta la explotación privada del servicio eléctrico, el gobierno peronista prefirió, en cambio, lanzarse a una movilización de fuentes naturales de energía, que hasta ese momento permanecían desaprovechadas.

Desde el primero de enero de 1946 había quedado estructurado el mecanismo de la Dirección Nacional de Energía, dando nacimiento a cuatro entidades: Gas del Estado, Combustibles Sólidos y Minerales; Centrales Eléctricas del Estado y Combustibles Vegetales y Derivados. Cada una ostentaba una dirección general, similar a la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (de donde se habían desprendido las dos primeras), y todas, incluyendo a esta última, pasaron a depender del ente central creado a fines de octubre de 1943, a los cinco meses del estallido militar.

Aquella Dirección Nacional de Energía había sido confiada al coronel Bartolomé Descalzo, quien retuvo el cargo al asumir Perón y confirmó en sus puestos a los ingenieros Julio V. Canessa (en Gas del Estado) y Juan Eugenio Maggi (en Centrales Eléctricas). Mientras Canessa libraba su batalla para construir el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, Maggi emprendía el estudio de un vasto plan de realizaciones para incorporarlas al programa de gobierno que José Figuerola preparaba desde su Secretaría de Asuntos Técnicos. Maggi, que había sido inspector general de explotación técnica en la Comisión del Control del Transporte hasta el 4 de junio de 1943, fue nombrado luego ministro de Obras Públicas y Riego, en Mendoza. “Es falso que hayamos asaltado los cargos, como se dijo. Yo ocupaba un puesto de alta jerarquía antes del 43 y ganaba tanto como un ministro: 1.200 pesos por mes”, explicó al autor de este trabajo. Pero su adhesión al peronismo tenía otra explicación: “En mi casa siempre se habló de política; yo fui afiliado radical desde 1920 y me incorporé a FORJA porque soy nacionalista. En un congreso de ingenieros efectuado en Córdoba, en 1942, con varios colegas logramos que se aprobaran algunas ponencias sobre nacionalización de servicios públicos y fomento de la industria siderúrgica. Estábamos hartos de seguir atados a un imperialismo decadente como el inglés”.

Centrales Eléctricas del Estado sería fusionada al poco tiempo, en 1947, con la Dirección General de Irrigación para dar nacimiento a la empresa autárquica, Agua y Energía Eléctrica. Maggi ocupó el cargo de director general y comenzó a ejecutar los proyectos aprobados en el Plan Quinquenal. “Hubo que improvisar todo porque no había antecedentes técnicos. Cuando me hice cargo de Centrales Eléctricas –dijo- estábamos en cero. Una vez planificadas las obras empezamos a trabajar. Las provincias habían expropiado, entre 1944 y 1945, las usinas térmicas del grupo ANSEC y una central hidroeléctrica en Tucumán. Esa provincia, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy hicieron convenios con la Nación, traspasándole los servicios expropiados. Agua y Energía los tomó a su cargo y los amplió; también expropió los servicios eléctricos del grupo SUDAM (en Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero) y comenzó a funcionar en Córdoba y Corrientes.” La primera meta consistía en terminar dos obras iniciadas durante el período revolucionario: los diques Escaba (en Tucumán) y Nihuil (en Mendoza), con sus centrales hidroeléctricas. Simultáneamente se terminó también el dique Los Quiroga (en Santiago del Estero) y se inició la construcción de centrales hidroeléctricas en todo el país. Esa extensa nómina incluye 6 diques con usinas en Córdoba; otros 6 en Catamarca; 4 en Río Negro y 3 en Mendoza. Las obras de mayor trascendencia fueron los diques Florentino Ameghino, en Chubut; Las Pirquitas, en Catamarca; Los Molinos, en Córdoba y La Florida, en San Luis.

Para dar una idea del impulso iniciado -dijo Maggi- conviene establecer que en 1943 teníamos una potencia instalada en centrales hidroeléctricas de 45 mil kilovatios y ahora Agua y Energía tiene siete veces más: 350 mil kilovatios. A esto debe agregarse una cartera de estudios y proyectos por valor de 6 millones de kilovatios”. Las continuas fricciones con el gobierno uruguayo postergaron la construcción de las obras hidroeléctricas de Salto Grande, a pesar de que el convenio entre ambos países fue aprobado el 2 de junio de 1948, sobre la base de un acuerdo similar entre los Estados Unidos y Canadá para el aprovechamiento del río San Lorenzo. Ello impidió contar con una potencia de 840 mil kilovatios para repartir entre ambas márgenes del río Uruguay. El diputado peronista Joaquín Díaz de Vivar acusó, en agosto de 1949, al canciller uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta de ser “la punta de lanza del imperialismo norteamericano para detener la obra”. La prensa oriental respondió acusando de imperialista al gobierno de Perón.

Además de realizarse ampliaciones en las centrales termoeléctricas existentes, el Plan Quinquenal sembró usinas térmicas en Mar del Plata, Mendoza, Río Negro, Tucumán y Entre Ríos. Algunas modificaciones en la serie de obras proyectadas obligaron a eliminar la instalación de una usina en San Luis, a cambio de otras prioridades más urgentes como la construcción de centrales térmicas en San Juan, Córdoba y Corrientes. La usina Calchines, de Santa Fe, fue ampliada; y el proyecto de construir una gran usina en Rosario se sustituyó por la supercentral de San Nicolás, iniciada con la vigencia del primer plan e inaugurada en el segundo.

Otro de los proyectos previstos en el plan energético era la explotación del yacimiento carbonífero de Río Turbio. “Una necesidad impostergable -según Maggi, porque significaba modificar la vieja mentalidad. Los mismos capitales ingleses que explotaban las fuentes de energía nos vendían también el carbón para hacerlas funcionar. Para hacer andar aquí sus ferrocarriles importaban su propio carbón. Un negocio redondo que ellos justificaban con el falso argumento del bajo costo: tomaban como base el precio inferior que se había pagado (20 pesos la tonelada) en lugar de considerar el promedio entre 1910 y 1945 (que era de 38 pesos)”. Durante los años de la guerra YPF se interesó por ese yacimiento, que había sido descubierto en 1887 por el marino argentino Agustín del Castillo y visitado en 1892 por el naturalista Alcides Mercerat y en 1921 por el geólogo Anselmo Windhausen, quienes habían aconsejado su explotación. Recién a principios de 1943 un departamento especialmente creado en YPF comenzó a explorar la zona enviando comisiones que vivían precariamente en carpas. Hasta que en 1946, con la creación de la Dirección General de Combustibles Sólidos y Minerales, los campamentos se fueron convirtiendo en confortables viviendas. “Una vez establecida la capacidad productiva del yacimiento, a mediados de 1947 se comenzó la explotación -recuerda Maggi, a quien en 1948 se confirió la vicepresidencia de la Dirección Nacional de Energía- y hubo que hacer caminos, puentes, instalar usinas, edificar viviendas y traer maquinarias. Realmente era hacer patria fundar una población argentina en ese lugar, donde los chilenos se sienten dueños de todo”.

(Fuente Consultada: La Primera Presidencia de Perón - Biblioteca Política Argentina)
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