Lo medida la tomó el juez federal Sergio Torres, tras la denuncia de la oficina Anticorrupción que lo vincula al pago de sobornos de Odebretch.
La justicia federal decretó hoy la prohibición de salida del país del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez y otros dos imputados en la causa en la que se investigan presuntos sobreprecios en las obras de la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas, en Tigre, y de la planta depuradora del Bicentenario, en Berazategui.
Sobre la causa que investiga, contó que "con mucho esfuerzo" lograron que Uruguay les brinde información sensible e importante para descubrir qué hay detrás de algunas offshores; para descubrir qué personas están allí, qué cuentas se movieron, qué cheques entraron y salieron y cuáles fueron los funcionarios y los empresarios que manejaron ese dinero. "En ese esquema estamos trabajando sobre Rodríguez", remarcó.
Sobre la acusación de Bonadio en su contra
La semana pasada, el juez federal Claudio Bonadio requirió la captura internacional y la extradición del doleiro brasileño Leonardo Meirelles, tras considerar que mintió para perjudicar al actual jefe de la inteligencia argentina, Gustavo Arribas , a quien desvinculó por completo de Odebrecht. Bonadio, además, acusó al fiscal Delgado y al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, por considerar que violaron sus deberes como funcionarios públicos cuando le tomaron la declaración testimonial a Meirelles en la que complicó a Arribas.
Delgado explicó: "Meirelles es una persona que en Brasil, Panamá y Perú es un testigo que firmó un convenio con Brasil a cambio del cual se comprometió a decir la verdad y a ir preso si mentía. En Latinoamérica él es un testigo y nosotros le tomamos una declaración testimonial, pero el juez Bonadio lo consideró un imputado y lo quiere meter preso. Esas tensiones son las que explican un poco por qué no avanzamos en la Justicia, porque en la Argentina vemos las cosas al revés".
De esa manera, el fiscal hizo hincapié en que la Justicia termina dando incentivos institucionales que no son demasiado atractivos para que las personas colaboren y digan la verdad. "Porque no solo denuncian a fiscales que hacen su trabajo sino que incluso a las personas que están dispuestas a decir la verdad y que firmaron contratos con los estados para decir la verdad nuestro Estado no les cree -en este caso Bonadio- y ordena detenerlos". El funcionario judicial remarcó que de esta manera es "muy difícil" lograr una racionalidad que permita avanzar y descubrir concretamente que hay detrás del caso Odebrecht en la Argentina.