En una ceremonia protocolar, la flamante mandataria tomó juramento a los ministros que la acompañarán en su gestión de Gobierno.
La flamante presidenta peruana, Dina Boluarte, nombró hoy su gabinete, con el exfiscal anticorrupción Pedro Angulo como primer ministro, tres días después de haber asumido la jefatura del Estado en sustitución de Pedro Castillo, destituido y detenido tras haber disuelto el Congreso.
En una ceremonia protocolaria celebrada en el Palacio de Gobierno, Boluarte tomó juramento a Angulo como jefe de gabinete y a otros 16 ministros, de los cuales la mitad son mujeres, según reportó la emisora RPP.
No obstante, aún quedan pendientes los nombramientos de la cartera de Trabajo y la de Transportes y Comunicaciones, que deberían ser definidos en las próximas horas.
Angulo reemplaza en el cargo a Betssy Chávez, la primera ministra que presentó su renuncia el pasado miércoles, luego de que Castillo anunciara la disolución del Congreso y la instalación de un "gobierno de excepción" en el país andino.
Abogado de profesión, el nuevo jefe de gabinete fue también decano del Colegio de Abogados de Lima y exfiscal superior en el Ministerio Público.
En tanto, la abogada y diplomática Ana Cecilia Gervasi, quien se desempeñaba como viceministra de Relaciones Exteriores, fue nombrada al frente de la Cancillería; el excomandante general de la Policía Nacional César Augusto Cervantes como nuevo ministro del Interior; y el letrado y político Alberto Otáro asumió la cartera de Defensa, que ya había ocupado durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
El Ministerio de Economía y Finanzas fue asignado al ingeniero económico Alex Contreras, quien era el viceministro de dicha cartera desde agosto del año pasado.
Boluarte declaró que, tras la ceremonia, comenzará los preparativos para visitar a Castillo, quien se encuentra detenido en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y es investigado por el delito de rebelión.
La investigación se basa en la sospecha de que el expresidente actuó contra los poderes del Estado y el orden constitucional en Perú al disolver el Parlamento y anunciar un gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.
La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo dijeron que la decisión equivalía a un "golpe de estado" de Castillo.