El informe interdisciplinario determinó que Brenda Agüero comprende sus acciones y no registra emociones ajenas.
El peritaje a Brenda Agüero, la enfermera detenida como presunta responsable de la muerte de cinco bebés en un hospital de Córdoba, descartó que la acusada padezca una patología y determinó que puede ser imputable, ya que comprende todas sus acciones.
El informe interdisciplinario no pudo detectar indicadores psicopatológicos ni factores que la pongan en riesgo inminente a ella o a terceros, pero lo que sí encontraron los peritos fueron respuestas contradictoras y una intención de manipular el curso de la entrevista para evitar profundizar en distintas aspectos.
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La joven de 27 años tuvo que hacer siete entrevistas a través de distintas técnicas de exploración psicológica, de la que participaron dos trabajadores sociales, dos psicólogos, dos psiquiatras y cuatro peritos de control.
Los especialistas señalaron que la joven mantuvo una actitud colaboradora en la entrevista y “una conciencia lúcida y ágil, orientada en tiempo y en lugar”. También se descartó una tendencia a la fabulación o confabulación; mientras que sus funciones cognitivas, como la memoria, estaban conservadas.
El peritaje sostuvo que la imputada está en pleno desarrollo de sus facultades mentales, aunque habla de una “dificultad” por parte de la enfermera: “Poder registrar las propias emociones y afectos provoca dificultades para poder registrar emociones ajenas”.
También fueron indagados sus padres, vecinos y excompañeros de trabajo en las tres instituciones donde trabajó. Su grupo de trabajo la describió como una persona “atenta, buena compañera y responsable”, y el informe indica que vivía en un ambiente familiar armónico, con “escasas relaciones fuera del espacio laboral”.
Agüero está detenida desde el 16 de agosto del 2022, acusada de ser responsable de la muerte de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba. Sin embargo, ella insiste en su inocencia: “Yo no aplicaba inyecciones a los bebés”, dijo el mes pasado.
Los peritos también recomendaron además dar continuidad a un tratamiento psicológico ambulatorio en su lugar de detención o en donde lo determine su situación procesal. Mientras que, en el marco de la investigación, desde la fiscalía informaron que el paso siguiente es la elaboración de un perfil criminal de la detenida.
La investigación comenzó a principios de agosto, a partir de denuncias formuladas en junio sobre cinco casos de “muertes sospechosas” de bebés nacidos sanos en el Hospital Neonatal entre marzo y junio de este año.
En la primera semana de septiembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de tratar de determinar la identidad y las causas de sus muertes.
A medida que fue avanzando la causa, el fiscal Raúl Garzón reveló que la enfermera imputada aplicaba dosis de potasio por encima de la ropa y en la parte de atrás de los cuerpos. Además, llegó a la conclusión de que Agüero actuaba sola en la sala de recuperación cuando sostenía a las víctimas en brazos.
El fiscal también señaló algunas conductas sospechosas en la mujer: había googleado cómo dosificar potasio e insulina, leyó en Internet sobre técnicas de reanimación en menores, sustancias que generan paros cardíacos en bebés y un texto sobre cómo actuar durante el duelo por la muerte de un niño, entre otras cosas. La fiscalía sostuvo además que los hechos cesaron cuando Agüero quedó desvinculada.
La causa tiene hasta el momento a siete imputados, entre ellos Brenda Agüero que es la única detenida y con acusación vinculada directamente con las muertes. Los otros seis son: el exministro de Salud, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital, Alejandro Salama. Todos por el delito de “omisión de los deberes de funcionario público”, según consta en el expediente.
También están implicados, la exdirectora Liliana Asís; y las exjefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.