Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas que estallaron en 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.
España ofreció la nacionalidad española a los más de 200 opositores liberados por Nicaragua, que fueron deportados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad.
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"El Gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados, ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararlos apátridas", anunció el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares.
Albares precisó que entrarán en contacto con los opositores, y que el trámite podría ser rápido, por la vía de la carta de naturalización.
Entre ellos hay religiosos, excandidatos presidenciales, diplomáticos y dirigentes con pasado de altos cargos en el sandinismo, a quienes despojaron de su nacionalidad y los inhabilitaron de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
La decisión implicó un fallo judicial, una reforma exprés de la Constitución local en simultáneo y un acuerdo con Washington para que aceptara recibir a los ahora expresos.
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El presidente, Daniel Ortega, negó que las excarcelaciones se hayan dado en el marco de una "negociación con Estados Unidos" y también el Gobierno de Joe Biden descartó algún tipo de contraprestación hacia el país centroamericano.
Ortega aclaró que el obispo Rolando Álvarez se negó a ser deportado y por eso sigue entre rejas.
En ese sentido, el Parlamento integrado por partidarios de Ortega aprobó el jueves una ley según la cual los "traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense". La norma requiere una segunda aprobación legislativa en el segundo semestre de este año, que se da por descontada.