Existen diferencias entre la información de ministerios y organismos en base a los inventarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, además de historias insólitas: Cancillería reclama hace 20 años por un edificio que es de un privado.
31/03/2024 La auditoría que encargó la gestión de Javier Milei arribó a una conclusión inquietante: ni el Estado Nacional tiene información certera y exacta sobre la cantidad total de inmuebles que posee.
Es que según la documentación oficial sobre la auditoría, hay diferencias entre las cifras de inmuebles que dicen tener los ministerios y organismos respecto de los datos que posee la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo que regula, controla y fiscaliza los inmuebles estatales.
De acuerdo a un análisis de este medio sobre la auditoría que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) llevó adelante con los ministerios y organismos descentralizados, el Estado Nacional utiliza unos 19.189 inmuebles, sin contar los edificios que poseen las carteras de Seguridad y Defensa, cuya información se mantiene en secreto por resultar sensible para la defensa nacional.
La auditoría contabilizó casi 20 mil inmuebles del Estado
Quinta de Olivos
Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, no coincide la información provista por los ministerios con la que entregó la AABE. A modo de ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) informó tener 10.105 inmuebles (4639 relevados y 5466 no relevados) mientras que la Agencia de Administración de Bienes del Estado dice que este organismo posee 11.432 propiedades.
En otros casos ocurre lo contrario: son los Ministerios los que dicen tener más inmuebles que los que figuran en los registros de la AABE. Un ejemplo de esto es lo que pasa en la ahora Secretaría de Turismo, que ante la SIGEN informó poseer 120 inmuebles, datos que no coinciden con las 105 propiedades que informó la Agencia.
Otros ejemplos:
* Parques Nacionales: informó tener 80 inmuebles, mientras que en los registros de la AABE figuran 153 propiedades.
* Dirección Nacional de Migraciones: informó tener 13 inmuebles propios, pero la AABE consignó 35. Fuentes oficiales le dijeron a TN que cuenta con 43, de los que 30 corresponden a alquileres y cesiones de uso. Es decir, los números difieren en todo sentido.
* Registro Nacional de las Personas: informó tres inmuebles, pero AABE señala que son 13.
La historia de los 61 inmuebles asignados a Cancillería sin escritura
El caso más paradigmático es el de la Cancillería, que en la auditoría advirtió que dentro de su inventario tiene 61 inmuebles sobre los que no tiene escritura alguna o documentación que acredite su titularidad.
Se trata de edificaciones supuestamente utilizadas por organizaciones religiosas y que hace más de 20 años la AABE se las asignó a la Cancillería justamente por su condición de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pero desde entonces esa cartera dice no tener documentación alguna sobre los inmuebles y pide que se los desafecte.
Desde 2002, Cancillería reclama que le desafecten un grupo de 61 inmuebles, de los que uno es privado
Desde el 2002 el Ministerio exige regularizar esa situación, la que no tuvo respuesta hasta ahora. En una de las notas, incluyó el listado de inmuebles y aclaró que no ejerce ni la custodia ni el mantenimiento de los mismos. Uno de estos, ubicado en Moreno 729, en la localidad de Quilmes no es propiedad del Estado, sino de una firma llamada Raíces Patagónicas, cuyo presidente es Eduardo Sapag.
En otras palabras, Cancillería hace más de 20 años que reclama le desafecten un inmueble que ni siquiera es del Estado. Fuentes de la AABE le dijeron a este medio que el caso de los 61 inmuebles “está en análisis” y que intentan verificar cuántas de esas propiedades realmente pertenecen al Estado, por qué fueron asignadas a la Cancillería y cuál es el estado actual de cada una.
La AABE realizará junto con la Sigen y los ministerios y organismos descentralizados una auditoría respecto de los inmuebles para intentar arribar a un número final y consolidado. Se espera que esté lista para mitad de año. De esta manera se buscará zanjar las actuales diferencias que se replican en toda la administración nacional, como lo que ocurre con el exMinisterio de Obras Públicas, que según sus propios registros posee 97 inmuebles, mientras que para la AABE esa cifra es de 91.
El problema radica en que en la propia auditoría que la AABE le entregó a la SIGEN informa que se verificó la inexistencia de un Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Estado (RENABE) íntegro, completo y actualizado, además de detectar que en la información de los legajos de cada uno de los inmuebles resulta insuficiente si se tiene en cuenta que carecen de la totalidad de los datos de identificación exigidos por la normativa vigente.
Entre otras fallas, también se reportó la falta de reglamentación sobre bienes inmuebles decomisados y la falta de procesamiento y registro de la totalidad de documentación incorporada al SIENA (sistema que registra toda información y documentación sobre bienes del Estado).