Representantes de los diez prófugos por el atentado a la AMIA presentaron un recurso contra la decisión del juez federal de avanzar bajo la nueva ley de juicio en ausencia.
La defensa pública de los diez acusados internacionales por el atentado a la AMIA apeló este jueves la decisión del juez federal Daniel Rafecas de llevar adelante el proceso bajo la modalidad de juicio en ausencia. El recurso fue interpuesto como parte de un trámite formal para mantener el proceso en curso y evitar su nulidad.
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La apelación se realizó en representación de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Todos ellos son ciudadanos iraníes o libaneses señalados por la Justicia argentina como responsables de haber planificado y ejecutado el ataque a través del grupo Hezbollah.
Desde 2006, los acusados tienen pedidos de captura internacional y alerta roja de Interpol, pero nunca fueron detenidos. La mayoría reside en Irán, un país que no extradita a sus ciudadanos y que, por cuestiones geopolíticas, ha logrado evitar que las alertas se activen durante sus viajes al exterior.
El juez Rafecas aceptó el pedido de la Unidad Fiscal AMIA (UFI AMIA) y resolvió avanzar con el juicio en ausencia, amparado en la nueva ley aprobada este año por el Congreso, que habilita el avance de procesos penales cuando los acusados evaden sistemáticamente a la Justicia.
En su fallo, el magistrado consideró que los imputados fueron declarados rebeldes hace años y que, “a pesar de saber perfectamente que están siendo buscados”, nunca respondieron a los reiterados pedidos de extradición.
El objetivo de avanzar con el juicio en ausencia es evitar que el caso quede impune tras más de 30 años de espera. Según datos de la UFI AMIA, ya se realizaron dos juicios y fueron imputadas 145 personas, de las cuales solo 15 llegaron a la instancia oral. Además, se abrieron alrededor de 470 líneas de investigación.
El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba explotó frente a la sede de la mutual judía en Buenos Aires, causando 85 muertos y más de 300 heridos. Las pericias concluyeron que el ataque se llevó a cabo con una camioneta Renault Trafic blanca cargada con explosivos.
La investigación apunta a que el atentado fue organizado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en Argentina como en la Triple Frontera.
Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad internacional en el atentado y la falta de investigación efectiva, lo que volvió a poner al caso en el centro del debate público y judicial.