“Argentina se encuentra estancada en materia de lucha contra la corrupción y el índice muestra eso".
Por Daniel Santa Cruz
Para La Nación
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"El gobierno argentino inclusive ha mostrado retrocesos en algunas materias durante el último año, como por ejemplo en el acceso a la información pública y la transparencia que se ha resentido fuertemente desde que asumió el poder Javier Milei”, opinó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano horas después de que la Argentina obtuviera una calificación de 37 puntos sobre 100 posibles en el índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional. La calificación correspondía al año 2024 y fue la misma que se registró en 2023, razón por la cual la organización no gubernamental concluyó que “no se percibieron mejorías en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en el país durante el último año”.
Esto ocurrió el 11 de febrero pasado, solo tres días antes de que se desatara una de las mayores estafas a escala mundial relacionada a la criptomoneda $LIBRA que derivó en un turbio negocio que involucra a decenas de miles de estafados por cientos de millones de dólares y que tiene al presidente Javier Milei como uno de los mencionados en las denuncias realizadas en la Argentina, España y Estados Unidos. Como viene informando la excelente cobertura del caso que realiza Hugo Alconada Mon, los impulsores de las “class action” de Nueva York incluyeron en su demanda captura de los mensajes que Hayden Davis envió en diciembre de 2024 a inversores donde señaló a las 3.57AM: “Genial, también podemos hacer que Milei tuitee y reunirnos en persona y hacer promoción. Yo controlo a ese… (un insulto)”. Dos minutos más tarde, a las 3.59AM, mensajeó: “Le envié dinero a la hermana de Milei y él firma todo lo que yo digo y hace lo que yo quiero”. Además, en los últimos días se conoció que Davis realizó transferencias sospechosas que fácilmente se pueden relacionar con la causa. Davis transfirió medio millón de dólares a un banco virtual en el inicio de su reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, el 30 de enero, a las 14 horas. Horas después de finalizado el encuentro, la misma cuenta -anónima, pero vinculada a Davis por su historial de operaciones- movió más de 3,4 millones de dólares, dinero que acabaría distribuido en otras billeteras, también vinculadas directa o indirectamente con el creador de $LIBRA. En definitiva, según reveló uno de los expertos informáticos que expuso ante el Congreso en dos oportunidades, Fernando Molina, el empresario Hayden Davis transfirió millones de dólares a través de dos plataformas de criptoactivos a billeteras de terceros que permanecen en las sombras, en los minutos posteriores a su reunión con el presidente Javier Milei y en las horas previas al lanzamiento de $LIBRA. A esto hay que sumarle el “supuesto” retiro de dinero de cajas de seguridad realizado el 15 de febrero por el empresario argentino Mauricio Novelli. Demasiadas “casualidades”.
El diputado Oscar Agost Carreño, del Pro de Córdoba, que viajó especialmente a Estados Unidos a interiorizarse sobre la causa, dijo ayer en Radio República que “Mientras en la Argentina nos bloquea el gobierno, en Nueva York la demanda fue ampliada y ahora acusa a los creadores de $LIBRA de violar la Ley RICO -una norma utilizada para perseguir fraudes organizados, mafia y cárteles- en ese sentido $LIBRA fue el fraude más audaz porque utilizaron la imagen del presidente argentino para inducir la inversión”. Según la demanda mencionada, “el respaldo de Milei fue central para inducir la inversión. Su posteo fue utilizado por los acusados como herramientas para la estafa”. Con todas estas pruebas, Oscar Agost Carreño, junto a otros diputados como Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, entre otros, se preguntan por qué un grupo de diputados del Pro, aliados a La Libertad Avanza, “se tiran sobre la granada, por más que esta explote con tantas pruebas e impiden que el Parlamento investigue”.
No fue el único caso o denuncia importante que se conoció desde aquel, no tan lejano, 11 de febrero. El 26 de febrero pasado, un vuelo privado procedente de Miami aterrizó en Aeroparque con una sola pasajera: Laura Belén Arrieta, empleada del empresario Leonardo Scatturice, muy cercano al oficialismo libertario. Las cámaras revelaron que ingresó al país con al menos diez valijas, sin pasar por los escáneres aduaneros. Los fiscales concluyeron que no hubo control alguno sobre ese equipaje ni el de los pilotos. El vocero presidencial Manuel Adorni negó inicialmente los hechos, luego minimizó el contenido del equipaje, y terminó por acusar a un periodista, Carlos Pagni, de operar contra el gobierno. Fue Adorni quien sembró dudas porque Pagni nunca habló de “diez valijas con dinero”, solo que habían ingresado sin control con todos los datos pertinentes -algo que luego fue absolutamente demostrado por el fiscal que interviene- es decir que, el condimento del “dinero” lo introdujo en la conversación pública el mismo vocero. Como se dice en el campo, “quiso hacer volar al pájaro para despejar dudas y se pisó la cola” porque la justicia encontró pruebas irrefutables de trato preferencial: “registros fílmicos interrumpidos, inconsistencias en el origen del vuelo y bultos no declarados que permanecieron en el avión sin documentación de respaldo”. La hipótesis oficial de la investigación es que una “instrucción externa” ordenó evadir los controles. Es conocido que Arrieta tiene vínculos directos con el Gobierno, colabora en la CPAC (el grupo político que reúne a la extrema derecha estadounidense) donde disertó Milei y aparece en fotos con el Presidente. Además, trabaja en las firmas OCP Tech y COC Global Enterprise para Leonardo Scatturice, empresario ligado al gobierno y a Santiago Caputo, que recientemente se convirtió en el principal accionista de la empresa aérea Flybondi.
En poco tiempo, y sin un programa de obra pública, algo de lo cual los libertarios parecen jactarse porque de esa manera se termina con la corrupción, aparecieron negocios con gente políticamente muy ligada al núcleo de poder del espacio libertario. Porque si nos quedamos con Scaturicce, hay que decir que el influyente empresario demostró su cercanía libertaria al lograr que se le adjudique, sin licitación y con contratación directa, según informó en su investigación la colega Camila Dolabjian en LA NACION, a su empresa OPC Tech la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional, un negocio que le costará al Gobierno US$78.650.000. Con un incremento difícil de explicar si se compara con el contrato de 2021 cuando, con una licitación pública, se le adjudicó a la misma empresa el Plan Nacional de Conectividad Escolar de unas 209.828 licencias por US$16.800.000, lo cual, comparado con la adjudicación directa reciente, hace que la diferencia sea sospechosa porque las licencias son casi las mismas, solo hay 14.000 más, sumando un total de 223.828. De todos modos, se pagó un precio muy por encima del valor de mercado.
Días atrás salió a la luz que la empresa Tech Security SRL fue favorecida con un contrato por casi 4 mil millones de pesos por el Banco Nación. La firma pertenece hoy a Adrián y Fernando Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien figuraba como socio hasta diciembre de 2023. La licitación, destinada a proveer seguridad en sedes clave del banco, fue cuestionada por su monto exorbitante y la escasa competencia, cuando existían oferentes que cotizaban hasta 15 veces menos. El apellido Menem volvió a estar relacionado con causas o denuncias sospechosas de corrupción, como en los años 90. ¿Explicaciones? Aún ninguna.
Funcionarios libertarios del PAMI y la Anses que denuncian o son denunciados en Salta, Misiones, Santa Cruz por tener que aportar parte de su sueldo para la política, al mejor estilo “casta”, muestran que los modos no cambiaron respecto a los denunciados en el gobierno anterior o la política tradicional. A eso deberíamos sumarle el uso político para el armado de las listas de las agencias (PAMI y ASES, sobre todo) en todas las provincias, algo que apunta a un mecanismo espurio de parte de Karina Milei como responsable de esa acción de construcción política. También sumemos la denuncia de la Coalición Cívica contra la hermana del Presidente por tráfico de influencias, por encontrar testimonios de particulares que dicen que se les pidió dinero para entrevistarse con Milei —como Juan Carlos Pallarols—. También forman parte de esta muestra la infinidad de conflictos de intereses que tienen varios funcionarios que vienen de la actividad privada, que se contraponen con lo requerido por la ley y la transparencia en la función pública.
Venimos de una etapa donde una expresidenta y su vicepresidente están o estuvieron presos por corrupción, con varios funcionarios de primeras líneas y empresarios condenados, procesados o en la puerta de nuevos juicios. Por eso todas las denuncias mencionadas deben ser investigadas y las dudas despejadas, la vara del periodismo y también de la misma política debe ser inflexible, porque en la Argentina la justicia ya demostró tener otros tiempos y otras lecturas de la realidad para actuar.
“No se debe confundir la verdad con la opinión de las mayorías”, dijo alguna vez el dramaturgo francés, Jean Coctaeu, lo que nos lleva a pensar que Javier Milei, que lleva casi 20 meses en el gobierno, posiblemente haga una buena elección intermedia en octubre porque los hechos y las sospechas de irregularidades no siempre fueron castigados con el voto popular en la Argentina, como hemos visto durante las etapas menemista y kirchnerista. Lo que no podemos hacer es dejar de señalarlos en tiempo y forma, mientras suceden, o mejor aún, antes, para evitarlos.