Durante la conversación, Trump designó a su secretario de Estado, Marco Rubio, para continuar las tratativas con el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin, el canciller Mauro Vieira y el ministro Haddad.
Ambos mandatarios acordaron concretar un encuentro presencial en el corto plazo. Lula propuso como posible escenario la cumbre de la ASEAN en Malasia, prevista para fines de octubre, aunque también ofreció viajar directamente a Estados Unidos. Además, reiteró su invitación a Trump para participar en la COP30 que se realizará durante noviembre en Belém, Pará.
Para fundamentar su pedido de eliminación de aranceles, Lula argumentó que Brasil es uno de los tres únicos miembros del G20 que mantiene un déficit con Estados Unidos en su balanza comercial, junto con el Reino Unido y Australia.
El primer contacto entre ambos líderes desde el regreso de Trump al poder se había producido el mes pasado, durante un breve encuentro en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
En aquella oportunidad, Trump había destacado su "excelente química" con el líder brasileño, un comentario que Lula calificó como "una grata sorpresa", aunque advirtió que el republicano había recibido "información incorrecta sobre Brasil".
Los mercados brasileños siguen con atención la evolución de estas negociaciones, en un contexto donde la presión estadounidense no logró revertir el deterioro político del expresidente Jair Bolsonaro, cuya condena por intento de golpe quedó ratificada pese a las gestiones de sectores afines en Washington, impulsadas principalmente por el diputado Eduardo Bolsonaro desde Estados Unidos.
Desde agosto, una porción significativa de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos enfrenta un arancel del 50%, mientras que sectores estratégicos como la aviación o el juego de naranja quedaron sujetos a un recargo del 10%.
La Casa Blanca justificó la medida como respuesta por lo que Trump describió como una "cacería de brujas" contra su principal aliado político en el país sudamericano.
El exmandatario fue condenado recientemente a 27 años de prisión por intentar perpetrar un golpe de Estado tras su derrota electoral ante Lula en 2022. Las sanciones estadounidenses también incluyeron restricciones financieras contra el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, y la revocación de visas a asesores del gobierno de Lula.