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Audiencia entre Independiente y Conmebol para reducir la sanción deportiva y económica

Maximiliano Walker y Ariel Reck, abogados del Rojo, se reunieron con tres jueces del Comité de Apelaciones del ente regulador del fútbol a nivel sudamericano.

07/10/2025

Independiente mantuvo una audiencia clave ante tres jueces del Comité de Apelaciones de la Conmebol, con el objetivo de reducir la sanción económica y deportiva impuesta tras el histórico fallo en favor de Universidad de Chile, por los incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América durante los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Los abogados del club, Maximiliano Walker y Ariel Reck, calificaron la medida como “excesiva”, al considerar que el castigo original —siete partidos sin público local y siete sin visitantes— resulta desproporcionado. En la audiencia, solicitaron que la pena sea reducida a un encuentro sin público en Avellaneda y tres sin visitantes.

El fallo sigue pendiente

Por el momento, no hay una fecha definida para que el Comité de Apelaciones emita su resolución. Además, Independiente mantiene abierta la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en caso de que el fallo no le resulte favorable.

Durante la presentación, los letrados del Rojo aportaron pruebas y antecedentes de casos similares en los que la Conmebol aplicó sanciones menos severas, con la intención de demostrar la desproporción del castigo recibido.

Multas y medidas complementarias

La sanción también incluye una multa económica de 250 mil dólares para Independiente, mientras que Universidad de Chile deberá pagar 270 mil dólares. Ambos clubes, además, deberán participar en campañas de concientización contra el racismo, la discriminación y la violencia en el fútbol sudamericano.

Una decisión polémica y con impacto regional

En Avellaneda, el fallo fue considerado “muy polémico” y se teme que siente un precedente peligroso para futuras sanciones disciplinarias en torneos internacionales. El Rojo busca no solo reducir el castigo inmediato, sino también defender su posición institucional ante lo que consideran una resolución desmedida del ente regulador.