El titular de la UIA dijo que el proyecto oficial de “Modernización” elimina incentivos a litigar y favorece el blanqueo “en un país que hace 15 años no genera empleo formal”.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que participó de los debates del Consejo de Mayo que alumbraron el proyecto de ley de Modernización Laboral que el Ejecutivo envió al Congreso para ser tratado en sesiones extraordinarias, defendió hoy la propuesta, aunque advirtió problemas en el sector real de la economía pues, señaló, la apertura de la economía está yendo más rápido que la eliminación de distorsiones que afectan la competitividad de las empresas locales.
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“Hay que ubicar la ley en un contexto en el cual hace 15 años que no se genera empleo formal. El sistema laboral argentino tiene un fracaso importante”, explicó, para fundamentar su apoyo a un proyecto que -dijo- reconoce una realidad que describió como de “alta litigiosidad, falta de empleabilidad e incentivos que no estaban enfocados en la productividad sino en generar conflictos judiciales a las empresas”.
Lo que se busca, agregó, es “modernizar las relaciones laborales internas, situaciones que estaban rigidizadas y normas que no estaban pensadas para la generación de empleo. En ese sentido, resumió, “esta ley cumple el objetivo de evitar la litigiosidad y fomentar la empleabilidad, que es lo que la Argentina necesita”.
Entrevistado en el programa “Dato sobre dato”, por FMI Milenium, el titular de la UIA dijo que los sindicatos se oponen por cuestiones políticas, pese a reconocer la necesidad de modernizar la legislación. “He hablado con representantes sindicales que entendían que hay que tomar medidas pero cuando hay que tomar una posición unificada entienden que hay que salir a criticar, oponerse”.
Sobre la creación del “Fondo de Asistencia Laboral” (FAL), una de las figuras que incorpora el proyecto que se fondearía con fondos de la Anses, Rappallini reiteró que el objetivo es lograr una mayor formalización. “Las empresas que paguen aportes van a poder armar un fondo de cese, es un incentivo para el blanqueo y formalización de las empresas y una solución muy inteligente, una forma de hacer un fondo y quitar la litigiosidad y el costo futuro. Tener un fondo de garantía va a hacer que las empresas se formalicen y también van a generar empleo”, argumentó.
A Las empresas y en especial a las firmas industriales, prosiguió, no les hace gracia despedir gente con experiencia, capacitada durante muchos años. “Uno nunca toma un empleado para despedirlo, pero he conocido cientos de pymes con juicios millonarios, que las destrozan. Las empresas cerraban o tenían que vender bienes y quedaban en el anonimato. Esto es una solución para este tipo de situaciones”, subrayó.
Rappallini también respaldó novedades como la creación del “banco de horas”. Es una forma, explicó, de regular algo que ocurre en la práctica.
Cálculo de indemnizaciones
En cuanto a que para la indemnización no se tendrán en cuenta las vacaciones y el aguinaldo, explicó, siempre fue legalmente así, pero hubo una parte de la jurisprudencia que las incorporó en el cálculo, pese a no tener base legal. “Eso está fuera de la ley, había que aclarar usos y costumbres que se habían distorsionado”, fundamentó.
Del mismo modo, consideró que las modificaciones sobre el régimen de vacaciones responde a cambios culturales. “Antes todos tomaban las vacaciones en enero, hoy vemos que la gente se toma una semana, tiene otros destinos, hay otro tipo de actividades. Lo que se está regularizando es lo que pasa en la práctica. Y la norma habla del común acuerdo, encontrar formas de que el trabajador tome vacaciones, pero no afectar el funcionamiento de las empresas.
Cuando se analiza el texto en profundidad, aseguró, “no hay pérdida de derechos, sino adecuar los regímenes de trabajo a la realidad. Es importante tener en cuenta las dos partes, no solo las necesidades del trabajador, sino también la necesidad empresaria de tener productividad.
Rappallini sí tomó algo de distancia con el gobierno cuando se le señalaron los cierres de fábricas ocurridos en los últimos meses, en un contexto de estancamiento de la demanda, apertura económica y fuerte competencia importadora.
“Argentina tiene vocación y capacidad de ser competitiva en industria, pero seguimos conviviendo con las distorsiones del pasado, hay una presión fiscal récord en el mundo y todas las distorsiones en la cadena de valor. Circula un video donde un empresario nacional explica cómo los productos importados cuestan el doble en la Argentina que en Brasil y Uruguay. No solo producir es más caro, sino también distribuir, entregar”, explicó.
En ese contexto, prosiguió, “entendemos y queremos que la sociedad argentina tenga acceso a productos de estándares internacionales y a precios globales. Es el gran desafío nuestro como industria. Pero pedimos nivelar la cancha. El gran debate con el gobierno es el timing: la apertura ha ido mucho más rápido que la quita de distorsiones”
Además, mencionó los aumentos de tasas municipales. En realidad, dijo, “son impuestos, porque no dan ningún servicio”.
“Entendemos que el país tiene que ir competir, integrarse al mundo, pero tenés que darle a los productores locales la posibilidad de participar en la economía, no vamos a resolver todo importando. Es una simplificación bajar la inflación con importaciones. Es un atajo. Como lo es sostener el consumo con inflación, con gasto público. Hay que resolver las cosas sistémicamente, darle al productor local la posibilidad de competir, yo creo que podemos producir con costos y precios globales”, concluyó.