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El Senado sesionará el 26 de diciembre para tratar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Tras el dictamen en comisión, el oficialismo busca aprobar el Presupuesto con cambios que mantengan el equilibrio fiscal y avanzar con la sanción definitiva del régimen de Inocencia Fiscal impulsado por el Gobierno.

Hoy 19:01

Los senadores nacionales tendrán poco descanso tras la Navidad. La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, convocó a una Sesión Pública Especial para el viernes 26 de diciembre a las 12, con el objetivo de tratar las leyes de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal.

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La convocatoria fue formalizada este viernes, luego de que el oficialismo lograra dictamen favorable para el Presupuesto durante una reunión de comisión que se extendió por poco más de dos horas. El despacho obtuvo 11 firmas sobre un total de 19, sin introducir modificaciones respecto del texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Aquella votación en la Cámara baja dejó un sabor agridulce para el Gobierno, ya que fue eliminado el capítulo 11, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. De cara a la sesión del viernes, en el Senado se descuenta que el Presupuesto será aprobado, aunque con cambios, lo que obligaría a que el proyecto vuelva a Diputados para su sanción definitiva.

En ese marco, el oficialismo resolvió respetar lo votado en Diputados y desistir de insistir con las derogaciones, al tiempo que diseñó alternativas para preservar el equilibrio fiscal. “Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo y sostiene el equilibrio fiscal”, explicó un funcionario nacional a Infobae.

Entre las principales modificaciones que se pondrán sobre la mesa, se propone que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones sujetas al régimen previsional vigente. También se plantea mantener una compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se calculará según los aranceles aprobados entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, junto con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Otro de los cambios apunta a acelerar y profundizar las auditorías de pensiones, con el objetivo de avanzar en la baja de aquellas que presenten irregularidades. Además, el oficialismo propondrá eliminar la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, manteniendo únicamente la pensión por invalidez laboral.

En cuanto al financiamiento universitario, el Gobierno no avanzará con la derogación de la ley, pero propondrá un aumento del 20% en el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, tomando como base los créditos asignados en 2025. Respecto de la actualización salarial, se sugiere reemplazar el ajuste automático por inflación por un esquema escalonado: un incremento del 5% desde el 1 de diciembre de 2025, seguido por cuatro subas del 2% en enero, febrero, marzo y abril de 2026.

En paralelo, el Senado también avanzó sin mayores sobresaltos con la ley de Inocencia Fiscal, cuyo dictamen fue obtenido en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en una reunión de menos de 30 minutos. El quórum se alcanzó sin la presencia del bloque Justicialista, que cuestiona la conformación de las comisiones, y se eligió por unanimidad al senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, como presidente.

El único representante del peronismo presente fue Mariano Recalde, quien pidió la palabra para cuestionar el armado de la comisión. El debate se centró exclusivamente en el proyecto de ley sobre el Régimen Penal Tributario, conocido como “dólares en el colchón” o de Inocencia Fiscal.

El proyecto recibió el respaldo general de los senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, con un único reparo del radicalismo vinculado al esquema de multas. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich respondió que, para facilitar la implementación de la norma, se analizará una ley corta que permita corregir ese aspecto.

La iniciativa, que el Gobierno busca convertir en ley el próximo 26 de diciembre, introduce cambios profundos en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias, y constituye una de las apuestas centrales del Ejecutivo para cerrar el año legislativo.