El abogado Javier Leiva señaló que su cliente entregó más de U$S 5.000 a la pareja. Luego, deshizo lo acordado, pero sin reintegrar el dinero.
Un contador y una profesora de psicología fueron denunciados penalmente en las últimas horas, acusados de una presunta estafa superior a los 5.000 dólares, vinculada a una operación inmobiliaria realizada el 3 de octubre pasado en un inmueble ubicado en Independencia al 300.
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La denuncia fue presentada por el abogado Javier Leiva, en representación de Nereida Beatriz Aevicher, comerciante local. Según consta en la presentación judicial, la denunciante celebró con los acusados una operación inmobiliaria de carácter comercial, que incluyó la firma de un contrato de comodato, un convenio de desocupación y un contrato de mutuo en dólares, todos debidamente suscriptos, certificados y relacionados entre sí.
De acuerdo con el escrito, como consecuencia de esa operatoria la denunciante entregó más de 5.000 dólares en concepto de garantía. Además, adquirió equipamiento para el local —como aires acondicionados, luminarias y cartelería—, dejó su anterior establecimiento comercial, regresó desde el exterior (Paraguay) y afrontó gastos de mudanza, acondicionamiento y logística.
La presentación señala que, cuando el inmueble se encontraba en condiciones de ser ocupado, los denunciados comunicaron de manera unilateral que no alquilarían el local, lo que habría generado un perjuicio económico y comercial a la denunciante. Según se indicó, el dinero entregado no fue restituido.
En el escrito, el abogado solicitó la realización de allanamientos en los domicilios particulares de los denunciados y en otros inmuebles vinculados a ambos. También pidió el secuestro de contratos originales, documentación contable, recibos, agendas y dispositivos electrónicos, como computadoras, notebooks y teléfonos celulares, con el objetivo de reunir elementos que permitan acreditar la presunta maniobra denunciada, la posible reiteración de conductas similares y el destino del dinero recibido.
Asimismo, requirió la incautación inmediata de dinero en efectivo, moneda extranjera, documentación bancaria, comprobantes de transferencias, contratos originales de mutuo y comodato y libros contables, en caso de existir.