El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fue aprobado en sesión extraordinaria y prevé un resultado financiero superavitario, con fuerte inversión en educación, obra pública y áreas sociales.
En una sesión extraordinaria, presidida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Carlos Silva Neder, la Cámara de Diputados convirtió en ley el presupuesto general de la provincia – ejercicio 2026, que asciende a $2.750.820.340.220.
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El presupuesto 2026 fue aprobado tras el análisis y posterior despacho favorable de la Comisión Mixta de Legislación General, Economía, Presupuesto y Hacienda, donde se destacó que el resultado financiero para el próximo ejercicio, al igual que en años anteriores, será superavitario.
En ese sentido, los legisladores señalaron que el presupuesto presenta un superávit de $824.235.268, y remarcaron que el contenido del proyecto se ajusta a la ley de responsabilidad fiscal N° 25.917 y sus complementarias, así como a la ley N° 6.933 de administración financiera y control interno del sector público provincial.
Asimismo, indicaron que para la elaboración del presupuesto se tomaron pautas nacionales, entre ellas una inflación del 10,1%, un dólar estimado en $1.423 y un crecimiento del PBI del 5%, destacando además que Santiago del Estero no registra deudas.
En cuanto a la asignación de recursos, detallaron que el gasto total en educación asciende a $935.278.915.675. Con rentas generales, la inversión en este sector supera el 30% establecido por el artículo 72 de la Constitución Provincial y alcanza el 40,01% del total.
Para trabajos públicos, el presupuesto destina $835.788.912.215, lo que representa el 30,38% del total. En tanto, el gasto en personal será de $1.086.574.034.387, equivalente al 39,50% del presupuesto.
También se informó que los recursos provinciales representan el 11,70%, mientras que los recursos nacionales alcanzan el 88,30% del total.
Finalmente, los diputados subrayaron que el presupuesto fue proyectado con un volumen de gastos que permita sostener el alto nivel de actividad de los últimos años, con énfasis en la inversión pública, priorizando educación, vivienda —especialmente viviendas sociales—, salud, seguridad y desarrollo económico, además de importantes inversiones en infraestructura vial y energética, turismo y provisión de agua potable.