En diálogo con Radio Panorama, el diputado nacional Daniel Arroyo, autor del proyecto, celebró la medida y remarcó su impacto en un contexto crítico.
Tras la decisión judicial que ordenó su implementación, el Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso en julio de 2025, un paso largamente esperado por familias, prestadores y organizaciones del sector.
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En diálogo con Radio Panorama, el diputado nacional Daniel Arroyo, autor del proyecto, celebró la medida y remarcó su impacto en un contexto crítico.
“Es una buena noticia después de tanto ir y venir, después de tanto sufrimiento y desesperación de las familias. Hoy las personas con discapacidad no están accediendo a medicamentos, traslados ni a la atención básica”, expresó.
Arroyo subrayó que la reglamentación, oficializada mediante un decreto que establece los procedimientos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas, deja sin margen de dilación al Ejecutivo.
“Ya no existe excusa. Ya no hay nada más para debatir. Es ley y está reglamentada, con plazos y mecanismos claros para ponerla en marcha”, afirmó.
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“El sistema colapsó y la ley se activa automáticamente: deben mejorar las prestaciones y los servicios básicos. El Gobierno hizo todo lo posible para no implementarla, pero dimos un paso grande”, concluyó el legislador.
Los puntos clave de la ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad tiene como objetivo garantizar, hasta el 31 de diciembre de 2026 —con posibilidad de prórroga por un año—, los derechos esenciales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a la salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y protección social.
Además, busca fortalecer a los prestadores del sistema y promover el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para empresas que generen empleo inclusivo.
Entre las problemáticas que intenta abordar se encuentran los atrasos en los pagos a prestadores, la falta de actualización de aranceles, las barreras para acceder a tratamientos y medicamentos, y la aplicación de normativas consideradas regresivas.
La reglamentación fue establecida mediante el Decreto 84/2026, que puso en funcionamiento la Ley 27.793, luego de más de seis meses sin aplicación efectiva.