La ministra de Justicia cuestionó el proyecto que impulsa la reducción de la edad penal y advirtió que sin dispositivos adecuados, equipos interdisciplinarios y políticas de reinserción, la reclusión de adolescentes no resuelve el conflicto de fondo y solo posterga el problema social.
La ministra de Justicia de la provincia, Matilde O’Mill, expresó su postura crítica frente al proyecto de ley que impulsa la baja de la edad de imputabilidad penal y remarcó que el Estado debe priorizar un abordaje integral, con una mirada humana y acorde a los convenios internacionales que protegen los derechos de niños y adolescentes.
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En diálogo con Radio Panorama, la funcionaria sostuvo que, si bien los delitos cometidos por menores generan un fuerte impacto social, “siguen siendo niños por su edad” y requieren políticas públicas que apunten a la reinserción y no únicamente a la reclusión.
“La provincia es coherente en este tema. Tenemos una política sostenida de trabajo con jóvenes en conflicto con la ley penal, dentro del marco de los convenios internacionales y de la responsabilidad que le cabe al Estado cuando están involucrados niños”, señaló O’Mill.
En ese sentido, cuestionó que la respuesta ante hechos graves sea simplemente bajar la edad de imputabilidad y recluir a adolescentes en sistemas que no están preparados para contenerlos. “Reducir una edad y encerrar chicos en dispositivos que no tienen equipos interdisciplinarios ni una mirada integral es solo tirar el conflicto hacia adelante”, advirtió.
La ministra remarcó que el delito juvenil, si bien es conmocionante, no tiene una incidencia masiva, y explicó que actualmente en la provincia hay alrededor de 15 adolescentes con medidas privativas de la libertad, y un número similar bajo medidas socioeducativas, sin modalidad residencial, con acompañamiento terapéutico y talleres.
En ese marco, destacó el funcionamiento del Centro NEXO, un dispositivo provincial que aborda la responsabilidad penal adolescente con una perspectiva terapéutica. “Veo madres que acompañan a sus hijos todos los días, que esperan durante el tratamiento y vuelven juntos a sus casas. Y en los casos donde no hay familia, el equipo se convierte en su referencia”, relató.
O’Mill insistió en que el debate no debe centrarse únicamente en la edad penal, sino en qué alternativas reales existen para educar y reinsertar socialmente a esos jóvenes. “Si un chico de 14 años recibe una pena alta y sale a la calle años después sin haber sido acompañado en su proceso de formación más importante, ¿qué le estamos devolviendo a la sociedad?”, se preguntó.
Finalmente, subrayó el rol de las organizaciones sociales, la Iglesia, los clubes barriales y los centros de rehabilitación como aliados del Estado para sostener los procesos de reinserción. “No es una postura idealista: es una estrategia como sociedad. Son problemas complejos, con raíces profundas, y tenemos que hacernos cargo”, concluyó.